Cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Michoacán desde la CDMX, el domingo 9 de noviembre, aseguró que tendría doce ejes, 100 acciones y unainversión de más de 57 mil millones de pesos.
Pero a unos días de entrar en operación, la jefa del Ejecutivo federal agregó un eje más a la respuesta oficial: Felipe Calderón.
Así, una vez más y de manera insistente como lo hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum recurre al villano favorito de la 4T para culparlo de la desgracia que se vive en México por la inseguridad.
Y ni duda cabe que tiene responsabilidad, como la tienen otros ex presidentes, pero es un grave riesgo para la actual administración insistir en culpar al pasado de la ineficiencia del presente.
Lo es porque Michoacán ya marcó, con tinta indeleble, el inicio del segundo tramo del gobierno claudista. Lo es porque mirar por el retrovisor no resuelve el grave problema del control territorial que tiene el crimen organizado.
Lo es porque la disputa política sólo favorece el empoderamiento de los grupos criminales que hoy deciden hasta el precio de un limón o un aguacate.
Y lo es porque Sheinbaum, cuya popularidad ha bajado, tiene la enorme posibilidad de pasar dos veces a la historia: una por ser la primera presidenta de México y otra porque acredite en los hechos una estrategia decidida y con sello propio en materia de seguridad.
Una estrategia que no sólo se sostenga en dinero y en el despliegue militar, si no que logre lo que no pudieron sus antecesores: que el Estado recupere el territorio que hoy está en manos de la delincuencia.
Pero es un trompo muy difícil de lanzar y en Palacio Nacional hay otros datos y objetivos políticos con una visión que insiste en mantener girando como pirinola el factor Calderón.
Con ello, desde el oficialismo se impulsa la narrativa de deslindar al gobierno de la 4T de lo que ocurrió en Uruapan con el alcalde; se lanzan cifras para celebrar la reducción de delitos; se busca desacreditar las movilizaciones de organizaciones sociales y encontrar culpables incluso en el primer círculo del alcalde asesinado.
La GN no falló
El líder y fundador del Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo, tenía dos círculos de seguridad. El primero -inmediato o cercano- estaba a cargo de 8 policías municipales seleccionados por el presidente municipal; el segundo era responsabilidad de 14 integrantes de la Guardia Nacional que otorgaban seguridad periférica.
Ante todos ellos y decenas de personas que se encontraban en el Festival de las Velas, un chamaco de 17 años presuntamente reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación mató de siete balazos a Manzo.
¿Quién falló? Pues en la Mañanera del Pueblo del martes pasado llegó el deslinde en voz del general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
Así lo dijo:
“El protocolo no falló. El protocolo de nosotros. Hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se le va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos.
Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de formación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.
¿Y los municipales? Ya son investigados porque uno de ellos presuntamente ejecutó al joven sicario después de que ya había sido detenido.
Protesta nacional
La sombreriza, organizaciones sociales y la Generación Z se alistan, en medio de una campaña en redes para desacreditar sus acciones, para salir a las calles el próximo sábado 15 de noviembre con el propósito de protestar por la muerte del Manzo, la violencia en Michoacán y para exigir seguridad en todo el país.
Desde la madrugada del martes se alzó un cerco metálico frente a los accesos a Palacio Nacional y en calles aledañas al Zócalo. Y en las próximas horas se montará la CNTE en la plancha capitalina para exigir más privilegios. ¿Una presencia rara, no le parece?