NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los crímenes de alto impacto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y antes del líder citrícola Bernardo Bravo, son indicativos del horizonte lejano de la paz en Michoacán y otras tantas regiones atrapadas por las mafias. El mensaje del miedo de esos atentados merma la confianza en planes pacificadores del gobierno y en la derrota de los cárteles, a pesar de sus resultados contra el delito.
Si eso es desalentador, también lo es la politización de la violencia con culpas y acusaciones cruzadas entre partidos que antes la propiciaron desde el gobierno, y los de la 4T, que no encuentran la respuesta ante nuevos paradigmas de la criminalidad nacional. Inmersos en la lógica político-electoral, ninguno puede ver que montarse en la tragedia para arrebatar un punto a las encuestas sólo beneficia al crimen. Que avanza entre la polarización con nuevos giros de negocio y complejos esquemas de asociación con las autoridades, mientras la clase política pelea y escupe la nota roja a la cara.
La crisis se hizo en Michoacán porque otra vez se revela como cruce de caminos para la pacificación del país, donde ningún plan de los últimos 4 gobiernos ha tenido éxito. La lista de fracasos abre la disyuntiva de crear las condiciones para superar la politización de la seguridad como condición para una paz duradera, que se corta cada cambio de administración, la división y el golpeteo político; o permitir que las mafias aprovechen la discordia y la disolución social para alinear las conductas de la gente a las reglas de la extorsión o el cobro de piso. La gravedad de esos atentados es que parece señalar que la batalla por la seguridad apenas comienza, aunque vayan décadas sin ver luz al final del túnel. Los crímenes de alto impacto son un golpe de realidad que echan por tierra esfuerzos pacificadores del gobierno de Claudia Sheinbaum, no obstante sus avances. Que debilitan una nueva cruzada contra la extorsión antes de aprobarse la ley para sostenerla en todo el país; además de que la disputa interna abre flancos al intervencionismo de Trump para exportar una guerra contra los cárteles a la que no se ve final.
La Presidenta condenó el atentado, convocó enseguida al gabinete de seguridad, pero también cedió a la reacción del cálculo político-electoral para escurrir la responsabilidad con el fardo de la guerra contra las drogas de Calderón. La descomposición que originó, sin duda, es herencia maldita, pero evadirse con la respuesta de los “carroñeros” políticos resalta el modo electoral de su postura ante un triunfo de la violencia; que luego corrigió con el anuncio del nuevo Plan por la Paz para Michoacán ante el desbordamiento de indignación y protestas por el atentado.
Pero lo que el gobierno no puede permitirse es subordinar la agenda nacional a desactivar la crítica opositora y menos parecer colocar a sus adversarios políticos encima de su mayor enemigo, el avance del crimen. Esa idea levantó manifestaciones de repudio en Uruapan, Morelia y Apatzingán contra un gobierno local sumido en una tenebrosa inacción, la que denunció Manzo al costo de su vida.
Del manejo de la crisis de regiones enteras atrapadas en crimen y extorsión dependerá la supervivencia de la 4T más que de un cambio en las preferencias por una alternativa hoy inexistente, pero que puede alimentarse del miedo y el enojo de la gente; y forzar un repliegue a un poder vertical y beligerante que —como insiste Sheinbaum para rechazar salidas autoritarias— sólo echaría más fuego a la violencia.
Ante esos riesgos, el respaldo del oficialismo y oposición a la nueva ley antiextorsión es una pequeña ventana hacia acuerdos que pongan la seguridad fuera de la disputa electoral. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia adelanta algunas de sus acciones, como la denuncia anónima para romper la ley del silencio del crimen y reforzar a la Fiscalía para investigar de oficio el cobro de piso; los giros de negocio donde se refugia del castigo al mercado de droga, pero que han superado toda respuesta oficial hasta ahora.
Pero la denuncia exige no sólo del ejemplo de solitarios valientes como Manzo y Bravo, sino de confianza en las autoridades estatales y municipales, porque ninguna estrategia funcionará sin recuperar el territorio; y eso sólo se logra en lo local, donde cada día se aleja la paz detrás de estados paralelos con que el crimen alinea a las comunidades a las reglas del delito.
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