Los migrantes mexicanos se han quedado sin empleo, están enfermos por el coronavirus o en riesgo de ser deportados, por lo que legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, pidieron al Ejecutivo federal, fortalezca y amplíe sus programas de protección, asistencia, asesoría jurídica y seguimiento para mexicanos en el exterior a través de la red consular, a fin de proteger y garantizar sus derechos, integridad y salud.
Los diputados federales, Mariana Rodríguez Mier y Terán, René Juárez Cisneros, Ismael Hernández Deras, Rubén Moreira Valdez y Héctor Yunes Landa también solicitaron, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un programa de estímulos y apoyo económico para que enfrenten los estragos generados por la pandemia del Covid-19.
Los diputados del PRI señalaron que, el trabajo de los migrantes mexicanos ha sido clave para la prosperidad y crecimiento económico de México, ya que las remesas que envían a sus familiares representan el 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto; en 2018, estos recursos sumaron 36 mil 45 millones de dólares, un número máximo histórico, que, incluso, superó el monto de la inversión extranjera directa y de las exportaciones petroleras.
En marzo pasado, pese a todo pronóstico negativo por la pandemia, las remesas alcanzaron un nuevo nivel récord superando los 4 mil millones de dólares, recordó una de las autoras de la propuesta, la diputada por el estado de Tamaulipas, Mariana Rodríguez.
Insistió, el Covid-19 afectó la economía en Estados Unidos y el desempleo en la población latina aumentó en 13 por ciento; pero el desempleo no es el único problema, la salud también representa un reto; los migrantes carecen de prestaciones sociales y defensa jurídica y la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó, al 23 de junio, la muerte de mil 407 mexicanos a causa del coronavirus.
Los legisladores priistas, refrendaron que es imperativo que, en esta contingencia sanitaria, el Gobierno mexicano proteja a nuestros connacionales del desempleo, situación de pobreza, malos tratos, discriminación y políticas que pongan en riesgo su integridad física y derechos humanos, deben emprender estrategias que busquen su desarrollo integral, el fortalecimiento de su economía familiar y el respeto de sus derechos humanos.