Es necesario que todas las autoridades electorales vigilen que agentes económicos no intervengan en las elecciones, como una garantía de la equidad, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, durante su participación en el panel “La propiedad intelectual y las campañas electorales. Análisis de la sentencia SUP-REC-887/2018”.
En el evento, organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), el magistrado Fuentes Barrera explicó que el SUP-REC-887/2018 se relaciona con una queja en materia de fiscalización por el uso indebido de marcas y personajes; particularmente, por la omisión en el informe de precampaña, de gastos derivados del pago de derechos de este tipo de productos en propaganda electoral.
Frente a autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, así como de especialistas en propiedad intelectual, funcionarias y funcionarios del gobierno estatal y líderes de la sociedad civil, el magistrado Felipe Fuentes detalló que la vigilancia que se haga en materia de fiscalización debe ser cautelosa para no incidir de manera injustificada en las libertades individuales de la ciudadanía, se debe descentralizar este tema, añadió.
El gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, estimó que, de cara al proceso electoral de 2024 los órganos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos, jugarán un papel muy importante para garantizar contiendas en las que gane el mejor, se eviten las trampas y se respeten las sentencias.
En su intervención, el fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, destacó el compromiso de este organismo a su cargo de continuar protegiendo la función electoral para que el voto continúe siendo libre y secreto, además de generar equidad en la contienda, paz social y estabilidad política en la entidad. Señaló que este primer evento, organizado con miras al proceso electoral 2023-2024, permitirá a todos los que participen a estar atentos al correcto desarrollo de este, en el marco de la protección de la propiedad intelectual.
En tanto, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), José Alejandro Luna Fandiño, indicó que los retos que enfrenta esta asociación siempre son cambiantes, dinámicos y deben de transformarse a la velocidad de la carrera tecnológica, pero también a la par de los movimientos sociales, culturales e incluso políticos. Señaló que una de las principales tareas que tiene, es incluir dentro de su agenda temas novedosos, de interés general para el gremio, el público en general y las autoridades.
Al hacer uso de la voz, Miguel Ángel Margáin González, expresidente de la AMPPI, señaló la importancia de la sentencia SUP-REC-887/2018, la cual calificó como innovadora porque dio los primeros criterios para el uso de marcas en campañas electorales, por lo que, afirmó, esta sentencia es un tratado de marcas y mercadotecnias.
En su oportunidad, el consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Alfonso Roiz Elizondo, afirmó que las contiendas electorales solo serán justas en la medida en que exista un piso parejo entre todos los participantes.
Finalmente, Claudia Patricia de la Garza Ramos, magistrada del Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León, señaló que los criterios contenidos en las sentencias de la Sala Superior siempre son un referente para las autoridades jurisdiccionales locales y los actores políticos. Sostuvo que deben estar preparados para recibir todo tipo de contenidos generados por los perfiles incluyentes en las candidaturas y dirigidos a todos los perfiles ciudadanos; reiteró que el compromiso de este órgano electoral jurisdiccional, es proteger, conforme a la normativa electoral, los derechos humanos de libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad bajo los principios de progresividad y mejor beneficio de las personas.
Por otra parte, al inaugurar la “Reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción 2023”, cuyo propósito es reflexionar sobre los desafíos electorales y contribuir a fortalecer la democracia, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que las elecciones del 2024 serán la mejor oportunidad para demostrar a las y los mexicanos el verdadero valor de sus instituciones electorales.
En ese sentido, convocó a las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales a comprometerse aún más y auténticamente con el mejoramiento de la calidad de las elecciones. La misión, dijo, es hacer prevalecer el Estado de derecho, la Constitución y las leyes, para garantizar un proceso electoral pacífico y que otorgue plena legitimidad a los gobiernos que de ahí emanen.
Destacó que a las autoridades electorales les corresponde mostrar el talante institucional para actuar de forma autónoma, independiente e imparcial como merecidamente exige toda la sociedad mexicana. Su actuar debe regirse, en todo momento, por los valores centrales republicanos, democráticos y constitucionales, los cuales no pueden ponerse en riesgo por ningún motivo, puntualizó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Ante magistraturas de salas regionales y tribunales locales, así como de autoridades administrativas electorales, aseguró que si la confianza en el sistema democrático descansa en que el gran igualador que permite tomar decisiones en una sociedad plural es el voto, su manipulación dinamita la integridad de las elecciones y a la democracia.
En su participación, el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Sergio Arturo Guerrero Olvera, reconoció que la finalidad y propósito de los institutos y tribunales electorales es modelar una vida democrática plena que permita una competencia equilibrada y ganarse la confianza de la ciudadanía.
Durante su intervención, la magistrada de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle Pérez, hizo un exhorto para que las autoridades trabajen de manera conjunta a fin de que el proceso que se pone en marcha llegue a buen puerto. En tanto, el magistrado en funciones de esta misma sala, Omar Delgado Chávez, mencionó que el encuentro propiciará encontrar soluciones comunes en beneficio de la justicia electoral.
En su oportunidad, la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) y de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), Yanko Durán Prieto, dijo que la materia electoral es una función esencialmente ciudadana y, en este sentido, uno de los compromisos que tienen como autoridades es mostrar a la ciudadanía la importancia de la función electoral.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco y de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estado Unidos Mexicanos (AMMEL), Margarita Espinosa Armengol, destacó que el evento contribuirá al fortalecimiento del federalismo judicial en la materia, al permitir el reconocimiento, la participación y colaboración de los diferentes ámbitos de impartición de justicia en el país.
Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), Olga Viridiana Maciel Sánchez, resaltó la trascendencia de trabajar para realizar un gran aporte a la democracia mexicana y a la justicia social, en la garantía de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.
Finalmente, la magistrada del Tribunal Electoral de Nayarit y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), Irina Graciela Cervantes Bravo, señaló que como árbitros electorales deben seguir apostando por reforzar la confianza en la tutela judicial efectiva y lograr que se viva en una sociedad más igualitaria plural y participativa.
En el evento, que se llevará a cabo durante dos días, habrá mesas de diálogo que contribuirán al fortalecimiento de la justicia electoral, privilegiando la comunicación y la reflexión tanto en el ámbito estatal como en el nacional.