NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La intención de exhibir los nexos de López Obrador con el Cártel de Sinaloa pretende desenterrar interrogantes sobre el financiamiento de su campaña presidencial de 2006 para que ahora resuenen sobre la impotencia de su estrategia de seguridad. La temporada electoral es tiempo propicio para sacar cadáveres del armario con la esperanza de que el malestar por la violencia y el crimen los resucite e influyan en la elección o ajustar viejas cuentas de la DEA con su gobierno. En la intercampaña han circulado profusamente amplios reportajes de tres medios, alemán y estadunidenses, sobre la entrega de dinero del narco a personas del equipo de López Obrador cuando compitió por primera vez a la Presidencia, hace 18 años. Se trata de la radio alemana Deutsche Welle y de una de las plataformas de investigación más respetada de EU, ProPublica, aunque a nadie se le escapa que el trabajo periodístico no podría realizarse y se hizo básicamente con información de la DEA.
Pero la investigación no es nueva. Como consignan los reportes, fue desechada desde 2010 en un proceso de evaluación legal de la propia DEA a través de un comité de agentes y fiscales de revisión (SARC, por sus siglas en inglés). Para el Departamento de Justicia, una indagatoria extraterritorial era riesgosa sin pruebas suficientes, aun si fuera en los años “dorados” de la colaboración de la DEA con el gobierno de Calderón.
Con un “informante protegido”, Roberto López Nájera, identificado como abogado del Cártel de Sinaloa, y de un operador de la campaña de 2006, Mauricio Soto, la DEA habría necesitado mucho más que eso para confrontar al crimen y sus vínculos con el Estado mexicano. Además, esas mismas “fuentes” protegidas habían enredado antes a la Fiscalía mexicana en un estrepitoso fracaso por la detención del general Tomás Ángeles y el exfiscal antidroga Noé Ramírez, acusados de trabajar para el narco dentro de la mediática Operación Limpieza de Calderón, y más tarde liberados.
A pesar de que el Departamento de Justicia cerró la investigación hace 13 años, las imputaciones maliciosas, planteadas como preguntas contra López Obrador, quieren ser imágenes que retumben con la técnica de los poetas surrealistas del “cadáver exquisito”; interrogantes, dichos de “evidencias sustantivas” e ideas de varios “informantes” que, agregadas, pueden o no pertenecer a la realidad; juegos de palabras con las que se crean maneras de sacar de una imagen muchas otras, como la de que López Obrador tiene pacto con el Cártel de Sinaloa o que en su estrategia de “abrazos y no balazos” se esconde la protección al crimen, como lo quería probar la DEA. Un relato que acaba con otras palabras, las del Presidente diciendo que el relato es una “calumnia”. Desafortunadamente, la penetración del crimen en las instituciones y elecciones es un problema más complejo y riesgoso que confrontar al Estado queriendo limpiar el armario con informantes “protegidos”, espontáneos y casi lúdicos, en lo posible automáticos. Su injerencia, como denuncian los magistrados del Tribunal Electoral en 2024, es un factor de riesgo que debe “reconocerse” y “atenderse” como asunto de Estado, antes de que llegue a tomar el control de la misma Presidencia. De ese tamaño la problemática, y no un asunto de ventaja electoral, de “golpes” de la DEA para recuperar su presencia en el país o advertencias contra la “continuidad” de la estrategia de seguridad del próximo gobierno.
El asunto es cómo levantar el Estado de derecho, que tampoco funcionaba antes del gobierno “obradorista”, para atajar la violencia e inseguridad. Pero la discusión no es si EU debe o no confrontar la corrupción en el país o si Biden se ha equivocado en no hacerlo. A nadie se le escapa que la mayor presencia de la DEA en México por aquellos años de la investigación fue de los más cruentos y trágicos para la justicia en el combate a las drogas. Tampoco su molestia con las limitaciones y restricciones que les impuso López Obrador tras el escándalo de la detención del general Cienfuegos.
En resumidas cuentas, la violencia y la inseguridad son el mayor reto para el próximo gobierno, pero el punto de partida no es sacar muertos del armario para resucitarlos en las elecciones con fines políticos, ni creando “cadáveres exquisitos” para convencer a los escépticos de dentro y fuera del país, sino encontrar la llave de la puerta de salida que nadie ha podido abrir en los últimos cuatro sexenios.