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El aumento del fenómeno migratorio de los últimos años dejó a niñas, niños y adolescentes migrantes más vulnerables ante una pobre legislación en materia de Derechos Humanos que aún no termina por concretarse.

Ante esta problemática, los legisladores perredistas pidieron a la secretaría de Gobernación y a la cancillería a publicar urgentemente las adecuaciones reglamentarias para dar operatividad y vigencia a la reforma que se hizo a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que fue publicada el pasado 17 de octubre.

Hicieron énfasis en la importancia de concretar las reformas correspondientes, pues la problemática que enfrenta la niñez migrante nacional y centroamericana es grave, más aun cuando la cifra de menores de edad no acompañados que cruzan la frontera sur y se encuentran en tránsito para llegar a Estados Unidos, es muy numerosa.

De acuerdo con la iniciativa presentada en 2015 por el GPPRD a través del diputado Rafael Hernández Soriano, en las estadísticas migratorias mensuales de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración se registraron de enero a mayo de 2014 más ocho mil menores de entre 0 y 17 años, de los cuales cuatro mil 230 viajaban sin compañía.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó en el primer semestre de ese año la detención de 57 mil 525 menores no acompañados en su frontera sur.

Ante esto, la bancada perredista coincidió en que urge dar mayores facultades involucradas en la protección de la niñez que transita por territorio nacional, para lo cual se debe publicar a la brevedad las adecuaciones reglamentarias correspondientes, en particular las referentes a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Dicha instancia es la responsable de adoptar medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo.

La fracción parlamentaria del PRD señaló que, ahora que se cuenta con estas reformas legales, es imprescindible que la autoridad, a la brevedad, realice las reformas correspondientes a los reglamentos para que esta protección pueda tener concreción en la realidad que viven, día con día, las y los niños migrantes.