ESTIRA Y AFLOJA
En la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) su presidente, Miguel Antor Bravato, y su director general, Jorge Terrazas, no descansan en la búsqueda por demostrar la importancia económica, social, fiscal, de salud y de mejora del medio ambiente, entre otras cosas, de las empresas embotelladoras asociadas.
Las cifras son impactantes: en 2018 la industria de bebidas saborizadas, que incluye refrescos, energizantes, jugos y néctares, registró un valor de producción de 415 mil 600 millones de pesos; 1.8 por ciento del PIB y 28 por ciento de la industria alimentaria. Contempla los precios comprador que incluyen márgenes de comercialización y transporte, e impuestos indirectos.
En este último renglón, las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda revelaron que en ese año alcanzaron 63 mil 516 millones de pesos, 2 por ciento de la captación nacional por ese concepto. En IEPS fueron 25 mil 908 millones y en IVA 37 mil 608 millones. Esta industria beneficia a más de cinco millones de mexicanos al fomentar el autoempleo y el desarrollo local; los empleos totales alcanzaron un millón 630 mil 287 (2.9 por ciento de la población económicamente activa ocupada) y los directos de 130 mil 258.
La asociación civil fue fundada en 1945 y cuenta con 99 asociados, entre ellos Coca Cola, Pepsi Cola, Grupo Peñafiel, Corporación del Fuerte, Consorcio Aga, Nayar, Bepensa, Fersan y Corporación Rica.
Jorge Terrazas es tajante: los impuestos a los refrescos no cambiaron hábitos de consumo y ya son cinco años con un impuesto que afecta a los más pobres. Diversos análisis comprobaron que ese impuesto lo paga 57.2 por ciento de la población más pobre, 21.4 por ciento de ingresos medios y 21.4 por ciento de ingresos altos.
Un punto esencial es que ese impuesto no disminuyó el consumo de calorías. El aumento del precio de refrescos por el impuesto disminuyó en alrededor de dos calorías diarias por habitante, y el consumo que bajó en 2014 por el IEPS en 1.9 por ciento, creció en 1.3 por ciento en 2018. Mañana le platico más.
Cuarto de junto
El Issste, de Luis Antonio Ramírez, no paga y la empresa Pentamed, que no ha recibido nada por sus servicios en lo que va del año, buscará al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para solicitarles que revisen su situación, ya que le deben 170 millones y está en jaque… La firma Contecon Manzanillo, que encabeza Fortino Landeros, obtuvo la certificación en logística justa de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (Omcpl). La empresa opera 2 millones 200 mil contenedores y proyecta una inversión de 325 millones de dólares entre 2019 y 2025 para continuar con la optimización y eficiencia en su terminal portuaria.
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