NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El combate a la corrupción en el país se ha vuelto un asunto de seguridad, un subproducto de la detención de criminales o subsumido en ajustes de cuentas políticas ante la desaparición de instituciones de transparencia. En política, los vacíos no pueden existir porque los ocupan otros poderes ilegales o legales, aunque tengan fines muy distintos que evitar las corruptelas del gobierno y los particulares. No es coincidencia que los mayores golpes contra redes de extorsión gubernamentales en Tequila, tramas de huachicol en la Marina y revelaciones de nexos de políticos con la delincuencia organizada sean sólo derivados de operativos de seguridad. La remisión de la lucha anticorrupción deja vía libre a los aparatos de seguridad para hacer uso selectivo de esa función, y sólo como resultante de la política criminal; y las más de las veces sin castigo a los culpables políticos.
¿Dónde queda la transparencia para contrarrestar la opacidad e inacción de gobiernos en que florece su captura por intereses privados, la extorsión y sobornos desde las oficinas públicas? ¿A qué se reduce la capacidad de prevenir esos actos y sancionarlos como conductas que dañan a la sociedad, y no sólo para preservar el orden y la paz como corresponde a la seguridad? La suplantación tampoco es del todo nueva. En el sexenio pasado fue la UIF la principal fuente de denuncias de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada; así como acciones anticorrupción del bloqueo de cuentas en casos como el de Hernán Bermúdez por vínculos con el cártel de La Barredora desde Seguridad Pública de Tabasco.
El fenómeno de la corrupción se ha vuelto invisible desde el gobierno pasado, cuando se declaró erradicada; y del actual, para el que apenas existe mientras la sociedad no evada impuestos, como si fuera el único responsable de ella. Pero no de las autoridades, mientras no se vuelva evidente con operaciones Enjambre de la seguridad contra su colusión con el crimen y de redes de extorsión gubernamentales, como en el Edomex y en Tequila. O bien, con denuncias oficiales que abren la caja de Pandora del huachicol en la Marina y en Aduanas. Y también testimonios de libros que sacuden la opinión pública en el caso de Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez sobre el ejercicio del poder en el sexenio de López Obrador y sus zonas opacas de relación con recursos del crimen y el huachicol, y delaciones y filtraciones en las luchas intestinas de la coalición de Morena.
Pero las instituciones de transparencia y Buen Gobierno brillan por su ausencia, aunque las de seguridad tampoco detienen la percepción de corrupción. México, en el primer año de Claudia Sheinbaum, retrocedió hasta su peor puesto en el índice de Transparencia Internacional. Es otra evidencia de que llenar el vaso con el contenido de otras políticas tiene consecuencias negativas y preocupantes porque apagan aún más la lucha anticorrupción o la reducen a un discurso moralizante para exculpar a los amigos y condenar a los adversarios sin asidero en la realidad; el extremo fueron las actuaciones selectivas de la UIF contra opositores políticos.
Pero lo más grave es que la agenda contra la corrupción la establecen las organizaciones delictivas. La pregunta que surge de los golpes contra el crimen suele ser sobre su impacto en las redes con la política, cuando debía ser al revés; es decir, acerca del efecto de las instituciones sobre el crimen. En esta dinámica, dónde quedan instituciones como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o fiscalías anticorrupción cuando el único costo para la autoridad es la sanción política; los casos se cierran sin rendir cuentas con un salvoconducto para operar la siguiente elección o exilios dorados en embajadas.
Y lo más perjudicial de desaparecer la transparencia es que la seguridad hace las veces de contralor interno del gobierno, pero sin romper con las inercias de la corrupción ni tener los instrumentos para prevenirla; y en muchos casos obstaculizada por las tramas políticas que protegen a funcionarios y grupos vinculados con el crimen. Su actuación no abona a la transparencia y, al final, como parte del gobierno, sesgada por intereses políticos a los que responden sus responsables.
El precio para las instituciones es muy alto, así como para la fuerza y credibilidad del gobierno. Porque la falta de institucionalidad es el mayor riesgo frente a las amenazas externas a la soberanía y la autodeterminación. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
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