Alguna vez fueron las “benditas redes sociales”. Hoy son territorio de disputa política. Y frente a una conversación pública que, en buena parte, ya no controla el oficialismo, el poder ensaya otras fórmulas para retomarlo: regulación, sanciones, multas… y hasta posibles penas de prisión para determinadas conductas.
En ese contexto llegaron al Congreso de la Unión dos iniciativas de reformas que la opinión pública, en la discusión mediática y digital, ha fusionado bajo el membrete de “Ley Antimemes”.
Según la argumentación oficial, el objetivo de reformar la Ley Federal de Derechos de Autor, así como el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es combatir la desinformación, la piratería, el fraude, la suplantación y la injerencia digital.
Sin embargo, el efecto político que hoy advierten críticos, analistas y opositores al régimen morenista puede ser otro: acorralar la crítica, elevar el costo de ejercerla y terminar por inhibirla.
Porque cuando al poder ya no le alcanza la narrativa y la pierde –como ha ocurrido en las “benditas redes sociales” –, puede aparecer la tentación de controlar el espacio donde otros construyen su narrativa propia.
Ahí está un punto que vale la pena observar. No necesitas prohibir la crítica para inhibirla. Basta con hacerla más riesgosa.
Y hoy las reformas que se discuten en el Congreso de la Unión meten más ruido y temor por el alcance que puedan tener.
La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor impone nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de internet: una política de terminación del servicio a infractores reincidentes y responsabilidades, con sanciones aplicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando no las cumplan. Su centro es el ecosistema de internet.
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tiene un alcance más amplio.
Su polémico artículo 403 Bis castiga el uso, la reproducción, la imitación o la incorporación, a escala comercial, de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito. El morenista Javier Corral redujo la pena original, de tres a siete años, a una de uno a cinco años, con multa de mil a diez mil UMA, es decir, hasta un millón ciento setenta y tres mil cien pesos.
El texto original generó controversia porque planteó utilizar elementos de identidad gráfica oficial “a través de cualquier medio”, incluidos los electrónicos, digitales o tecnológicos.
De ahí surgió el temor de que pudiera alcanzar memes, caricaturas, parodias o expresiones críticas.
Después de diversos cuestionamientos, el Senado acotó el supuesto penal para exigir que el uso tenga como propósito inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito respecto del origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.
Es decir: no es correcto decir que la reforma convierte en delito ser detractor del gobierno o hacer un meme.
Pero tampoco sería prudente ignorar el problema que abrió la discusión.
Porque el alcance de estas normas no puede reducirse exclusivamente a Facebook, X, TikTok o cualquier otra plataforma.
Y una norma que habla de “cualquier medio” no distingue, por sí misma, entre una publicación digital, una caricatura impresa, un programa de radio, una transmisión televisiva o un contenido que un medio tradicional coloque en internet.
A esta discusión se suma una tercera pieza: la propuesta que presentaron el 14 de septiembre los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila. Se trata de una Comisión Especial para dar seguimiento a posible financiamiento extranjero, injerencia digital, bots, perfiles no auténticos y campañas coordinadas, con mecanismos de coordinación con autoridades y plataformas.
Sobre el papel, defender una elección. Pero queda la pregunta: ¿dónde termina esa defensa legítima y dónde empieza la vigilancia digital como herramienta para señalar voces incómodas?
No viene de la nada
Las presiones a la libertad de expresión no comienzan con la «Ley Antimemes». En una entrega pasada señalamos que se construye desde el oficialismo un «ecosistema para acorralar la crítica» y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador “dejó escuela».
Desde la conferencia mañanera, la descalificación hacia periodistas y medios fue herramienta recurrente de confrontación. Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley documentó estigmatización, hostigamiento digital y el uso de Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio obradorista.
La investigación vinculó la adquisición y operación del spyware con la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir de contratos, expedientes judiciales y documentos internos de Sedena obtenidos en la filtración Guacamaya.
Todo ello ocurrió mientras López Obrador sostenía públicamente que su gobierno no espiaba a periodistas ni a críticos.
Hay que decirlo. No se trata de afirmar que las iniciativas actuales sean una instrucción personal del expresidente.
Pero la lectura política es otra: López Obrador marcó la pauta.
Gobernadores, legisladores y funcionarios del gobierno morenista presentan la crítica como una campaña de ataques, manipulación, desinformación o incluso como parte de una operación contra el gobierno.
A la par, aparecen herramientas de regulación, vigilancia, sanciones y mecanismos institucionales que pueden incidir directamente en el ecosistema de comunicación.
No es ilegal que un gobierno quiera combatir la desinformación, la piratería, el fraude o la suplantación.
Tampoco es ilegítimo que un Estado busque proteger sus procesos electorales frente a una eventual injerencia extranjera o campañas coordinadas de manipulación.
El problema aparece cuando la frontera entre proteger derechos y controlar el discurso político comienza a volverse difusa.
Porque entonces la discusión deja de ser jurídica. Se convierte en una discusión sobre poder.
El verdadero riesgo
La censura no siempre comienza con una prohibición. A veces empieza con algo más sutil: hacer más caro hablar.
Una multa potencialmente millonaria.
Una denuncia.
Una investigación.
La amenaza de una revisión.
La incertidumbre sobre qué expresión puede cruzar una línea jurídica.
La posibilidad de que una plataforma retire contenido para evitar responsabilidades y el señalamiento de que una cuenta forma parte de una campaña de desinformación.
Es decir, encarecer la difusión y producir un efecto indeseable: la autocensura.
Y ese efecto es particularmente delicado cuando se acercan los comicios de 2027.
Por eso el debate no debería reducirse a si existe o no una “Ley Antimemes”. El asunto de fondo es mucho más amplio: quién controla las reglas del espacio donde se construye la conversación pública.
Habrá que ver qué termina aprobando la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, cómo se aplica y qué salvaguardas quedan para la crítica, la sátira y la libertad de expresión.
Sobre la mesa la oposición propuso incluir en una de las iniciativas de reforma una frase explícita que exceptúe las conductas con fines periodísticos, educativos, artísticos, humorísticos, satíricos, de parodia o críticos.
No cuesta nada hacerlo y no debilita la persecución del fraude cuando, por ejemplo, alguien clona un portal oficial para estafar; eso no es periodismo ni parodia.
Perseguir al que clona un portal para cometer un fraude es combatir un delito; perseguir al que parodia al poder sería otra cosa.
Ya veremos en qué cara cae la pirinola…que ya está bailando.
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