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Estira y afloja

La Subdirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Aristeo Bautista, concluyó que el auditor especial de desempeño Agustín Caso Raphael cometió dos presuntas “faltas administrativas no graves” en la auditoría 1394-DE sobre el cierre del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de CdMx (NAIM) porque se “extralimitó en el ejercicio de sus facultades” y porque no supervisó a “los servidores públicos” que participaron en esa auditoría de desempeño.

El expediente señala que la fiscalización fue más allá de las disposiciones legales en esta auditoría porque dentro de sus facultades no se encontraba “ordenar la práctica de una auditoría de desempeño sobre un proyecto de infraestructura en suspensión”, como el caso del NAIM. El trabajo debió dirigirse “al desempeño en el cumplimiento de objetivos contenidos en los programas federales, no así sobre la cancelación de proyectos de inversión”.

En pocas palabras, el informe entregado a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, que preside Pablo Angulo Briceño, no descalifica los resultados de la auditoría ni objetan los números ni la metodología utilizada; solo cuestiona el atrevimiento de Caso Raphael y su equipo por descubrir las tripas financieras del costo de cancelar las obras del NAIM que, como se sabe, fue de 331 mil 996 millones de pesos, cifra mayor a los 113 mil 327.7 millones que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No se quiere ver el fondo del tema, el de las mentiras oficiales, y se pone en evidencia que la “autonomía técnica y de gestión” de la ASF, de David Colmenares, es a modo del gobernante para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Mañana Caso Raphael expondrá su defensa ante los diputados e insistirá en que el objetivo de la auditoría fue “fiscalizar el procedimiento para la cancelación del proyecto de inversión del NAIM a fin de determinar los costos económicos, financieros y legales para el Estado derivados de la cancelación”, y que utilizó las leyes de Presupuesto, de Obra Pública, de Comunicaciones y Transportes y otras que ayudan supletoriamente en una auditoría.

Cuarto de junto

AM Best colocó en revisión “con implicaciones negativas” la calificación de fortaleza financiera del Grupo Mexicano de Seguros (GMX) por un “reclamo importante realizado por el metro de Ciudad de México” derivado del incendio en el puesto de control en enero de 2021. La solidez del balance y el perfil de negocios “podrían verse limitados por el riesgo reputacional, así como preocupaciones apremiantes sobre el gobierno corporativo y las prácticas de gestión de riesgos empresariales de la empresa”. Aquí hemos comentado el tema, el Metro pide mil 200 millones de pesos.

J. Jesús Rangel M.

jesus.rangel@milenio.com