El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que es tendencioso, omite información actualizada y no refleja la realidad actual del país en materia de desapariciones.
Luego de que este jueves 2 de abril ,el comité contra la desaparición forzada de personas de las Naciones Unidas (CED) anunciará que solicitó remitir «urgentemente» el caso de México a la Asamblea General para que considere medidas de apoyo al país frente a este crimen.
Según refirió la CED, la decisión se tomó con base en información que «parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad».
Tras ello, el Gobierno de México a través de la Cancillería expresó su desacuerdo con el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada, al señalar que no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.
“Los argumentos del documento no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio organismo ni con los avances institucionales logrados desde 2019, particularmente a partir de 2025”, señaló.
Asimismo, las autoridades mexicanas subrayaron que el procedimiento de la Convención está diseñado para contextos en los que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, lo cual, afirmaron, no corresponde a la situación actual del país.
El Gobierno mexicano si bien destacaron que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de centrarse en solo cuatro estados, lo que —consideraron— evidencia un análisis parcial.
Por lo que lamentaron que el Comité haya rechazado revisar la información actualizada presentada el pasado 27 de marzo, antes de la publicación de su resolución.
No hay política de desapariciones forzadas
De acuerdo con el propio informe, en sus párrafos 117 y 118 se reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que —según el Gobierno mexicano— refleja una realidad distinta a la de años anteriores.
De igual maner, las autoridades también cuestionaron el rigor jurídico del documento, al señalar inconsistencias en su argumentación, particularmente en la interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés entre algunos integrantes del Comité, al asegurar que al menos uno de ellos habría trabajado con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
Tras ello, el Gobierno federal destacó que, como parte de un proceso con colectivos de familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas clave y que el CED no consideró debidamente, entre ellas:
La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
La apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte
La Base Nacional de Carpetas de Investigación
La Plataforma Única de Identidad
Fiscalías especializadas en los estados
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda
Registros oficiales con datos mínimos de identificación
Coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la FGR
Integración de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda
Cooperación internacional pero con reservas
En tanto, el Gobierno mexicano enfatizó que mantiene una política de cooperación constante con organismos internacionales, como ha reconocido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No obstante, aclaró que está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no bajo premisas que —considera— no reflejan la realidad actual del país.
Y, reafirmó su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación, así como la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
Con información del periódico 24 HORAS