El paquete de ingresos y gastos presentado por el nuevo gobierno tiene un mensaje demasiado contundente: no se puede gastar más.
Una manera de trascender el demacrado gasto público hubiera sido aprobar una reforma fiscal que recuperara ingreso desde las altas ganancias. El nuevo gobierno ha desechado sin embargo ese recurso, durante los próximos tres años, con la idea de que, primero, es indispensable hacer otra recuperación, la de los gravámenes evadidos y eludidos. Ha quedado pendiente también el compromiso de reducir las tasas fiscales de los trabajadores de menores ingresos.
No es posible calcular en cuánto podría elevarse la recaudación mediante una política de combate al fraude fiscal durante el próximo año. Por lo pronto, se va a elevar el cálculo de ingresos en la Cámara, aunque ligeramente, por lo que toca al combate a la facturación falsificada.
Esta cerrado el camino del aumento de la deuda en términos reales porque en los últimos años ésta fue casi duplicada, sin que el nuevo endeudamiento se tradujera en un incremento en la tasa de crecimiento del producto interno. La política de deuda de Peña-Videgaray fue desastrosa, pero lo peor es que sus efectos están vigentes. Tendremos ahora un superávit primario de 1% del PIB, es decir, el gobierno regresará, en ese mismo porcentaje, menos dinero que el que recoja de la economía.
Pero si dentro de ese marco no se puede gastar más, entonces la mayor obligación es gastar mejor.
La disminución de remuneraciones es la parte menos cuantiosa, aunque indispensable luego de varias décadas de aumentos escandalosos en los sueldos de una burocracia abusiva e insaciable que logró hacer realidad el sueño dorado de todo jerarca del Estado: decidir cuánto más va a ganar cada año.
Más allá de los sueldos, el conjunto de gastos de operación de las dependencias y entidades federales empezaron a crecer de manera escandalosa desde el sexenio de Vicente Fox. Tales aumentos tuvieron una motivación exactamente política, eran una forma de distribuir gasto público para cubrir tareas ligadas al futuro de los integrantes de la estructura gubernamental.
Es desde ese renglón donde se pueden obtener algunas importantes reorientaciones del gasto. López Obrador ha divulgado el concepto de austeridad republicana, inspirado en algunos liberales del siglo XIX, para convocar al combate del derroche, el dispendio y, en general, el mal uso de fondos públicos.
Al aplicar dicho concepto se arroja una considerable masa de recursos que se destinarán a dos grandes objetos de gasto: la política social y la inversión pública.
Los nuevos proyectos gubernamentales son un rompimiento inicial de una larga cadena neoliberal. Por una parte, la naturaleza universal de las asignaciones personales en pensiones alimentarias de adultos mayores y becas a estudiantes rompe con el asistencialismo tradicional que, por focalizado, fue un resquicio político-electoral en el gran edificio neoliberal del repliegue del Estado en su función de redistribuidor del ingreso.
Pero también existe una búsqueda del objetivo de unir la política económica y la política social. Para dar respuesta al drama social de la juventud arruinada, es decir, sin empleo y sin escuela, el nuevo gobierno plantea incorporar una enorme masa de jóvenes al trabajo productivo en la modalidad de asalariados del Estado. Los lugares de trabajo han de ser las empresas públicas, privadas y cooperativas, las cuales podrán aportar de tal manera algo más al producto nacional.
El arco iris de la política social tiene tonos para contribuir a la lucha por la paz y la seguridad en un México azotado por una crisis de inseguridad y violencia delincuencial sin precedentes en nuestra historia.
Como se sabe, la dictadura de los mercados internacionalizados o, como muchos dicen, globalizados, tiene un peso enorme, pero quizá en este momento lo más crítico es el diferencial que contiene una tasa de riesgo que debe pagar México a los inversionistas financieros y otros acreedores. En otras palabras, México paga mayor rédito, sólo por riesgo, que el establecido en Estados Unidos, Alemania y otros países que marcan las tasas referenciales a nivel mundial. Se considera que los inversionistas en mercados abiertos arriesgan más en México, por lo cual se llevan mayores regalías y utilidades.
Bajo la opresión de los mercados, México debe buscar nuevas formas de financiamiento que eludan en alguna medida la especulación de los mercados y, por ende, las elevadas tasas de riesgo.
Por lo pronto, no se puede gastar más, sino sólo mejor, hasta que se produzcan varios eventos. Tratemos, entonces, que así sea.