• La aprobación de la “Ley 3 de 3”, busca incidir favorablemente en la ética pública y en beneficio de la sociedad, afirma
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que con la aprobación de la denominada “Ley 3 de 3”, el Estado mexicano nunca más será cómplice o protector de agresores, deudores alimenticios y violentadores de los derechos de las mujeres.
Sostuvo que es imprescindible no dar marcha atrás a esta ruta para reconocer normativa y materialmente la participación de las mujeres, su inclusión en la toma de decisiones, la protección de sus derechos y su acceso a la justicia.
Durante la presentación de la tercera edición de su libro “El acceso de las mujeres a la justicia”, en la Universidad del Valle de Tlaxcala, el senador expresó que ya nadie detendrá la incorporación de este sector a los espacios de poder.
“Nadie va a poder detener su incorporación a la toma de decisiones. Nadie podrá obstaculizar su arribo”, expresó.
Monreal destacó que la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, que fue aprobada por el Senado el pasado 28 de abril es de gran calado, pues generará un cambio profundo en México.
Sin embargo, enfatizó que se deben redoblar los esfuerzos para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución y en todas las leyes secundarias.
Además, enfatizó, se les tiene que garantizar el ejercicio de sus derechos y, ante su incumplimiento, asegurar su acceso a la justicia y a la reparación del daño, de que se brinde la garantía de que en nuestro país no habrá más violencia contra este sector.
Aseveró que una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa de los derechos humanos sólo es aquella que es incluyente y puede ver por todos los sectores que la componen.
Ricardo Monreal recordó que el pasado miércoles, la Comisión Permanente hizo la declaratoria de aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma, explicó, establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, detalló, por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Se trata, dijo, de una modificación profunda que busca incidir favorablemente en la ética pública y política en beneficio de la sociedad en su conjunto, pues no basta con ser un funcionario, legislador, juez, alcalde o magistrado eficiente y honrado, si se es un abusador, un agresor por razones de género o un deudor de pensión alimenticia.