El Observatorio Nacional Ciudadano rechazó la iniciativa que presentó el senador panista Jorge Luis Preciado, en el sentido de reformar el artículo décimo constitucional para permitir a la ciudadanía portar armas de fuego en sus automóviles y negocios, debido a que “la violencia no se resuelve con más violencia”.
En el marco de la presentación del reporte sobre delitos de alto impacto durante septiembre, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, subrayó que es una propuesta que les preocupa porque es extremadamente irresponsable.
“En los días anteriores ha sido presentada dicha iniciativa, bajo los datos que estamos viendo estamos muy preocupados porque nos parece irresponsable por un lado claudicar y darle la responsabilidad a los ciudadanos de su seguridad, y por otro, el hecho de que más armas en la sociedad producen más violencia”, indicó.
Resaltó que los factores de riesgo que más producen el uso de armas en las calles del país ponen a todos los ciudadanos en una situación muy peligrosa, por lo cual hizo la solicitud para que no solo sea retirada esta propuesta, sino que también no se le abra la puerta a una discusión.
Por otra parte, Francisco Rivas señaló que es importante no criminalizar a los migrantes ante una posible deportación de parte del nuevo gobierno de Estados Unidos, pues esto puede generar mayor violencia en el país.
“No tenemos elementos suficientes para decir que en la medida en que aumenten los flujos migrantes al país se traduzca esto en un alza en los delitos de alto impacto. Los cierto es que en Tijuana y Ciudad Juárez sí son ciudades en donde potencialmente hay riesgos de captación de personas en situación de vulnerabilidad por parte de grupos criminales”, consideró.
“El punto es que no nos debemos enfocar en qué hace el criminal en vez de pensar en que debería estar haciendo la autoridad, ya que si así lo hacemos, vamos a seguir sumidos en una problemática”, indicó.
En la presentación también asistieron María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una causa en común; Mariana Escobar, coordinadora general de México Unido Contra la Delincuencia; Paulina Arriaga directora general de Desarma México; y Alejandro Hope, especialista en seguridad.