En respuesta a una petición ciudadana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi) buscar y dar a conocer el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso «Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, del 25 de noviembre de 2012, fecha en que se constituyó, y hasta finales de 2013.
A través de un comunicado de prensa, el organismo explicó que la determinación fue en razón a la negativa que se le dio al particular, quien requirió dicha información desglosada por año hasta la fecha de su solicitud, el sujeto obligado indicó que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascendió a 286 millones 380 mil 650 pesos. Precisó que de ese total se ejercieron, durante el periodo fiscal 2014, poco más de 15 millones 832 mil 69 pesos, y respecto al presente año, los recursos utilizados correspondían a 35 millones 279 mil 450 pesos.
Asimismo, la solicitante pidió saber los fines para los cuales se destina dicho gasto, a lo que Bansefi respondió no conocer la información, pues únicamente, previas instrucciones que recibe de la Secretaría de Gobernación, destina los recursos necesarios para implementar y operar las medidas decretadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas.
Respecto al requerimiento de los montos no ejercidos, el sujeto obligado manifestó que carece de facultades para determinar, decretar o modificar las medidas referidas previamente, ya que ello sólo compete a la Junta de Gobierno.
Inconforme, interpuso de revisión ante el INAI manifestando que la respuesta era incompleta, pues no se le informaba por año el monto de recursos asignados y ejercidos, así como por la falta de datos sobre los fines para los cuales se destinan los recursos referidos.
Dicho caso se turnó a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana, quien en sesión pública enfatizó que la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, ha sido señalada a nivel nacional e internacional, como un aspecto de preocupación. En ese sentido, recordó las posturas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a los agravios que han sufrido estos sectores en los últimos años.
La comisionada ponente manifestó que dicho contexto es muy similar al descrito en 2012, en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se publicó con el objeto de establecer un Mecanismo de Protección el cual, entre otras características, refiere a la implementación de medidas preventivas, de protección y de urgente protección.
En el análisis jurídico, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances del sujeto obligado, se advirtió que Bansefi en su calidad de fiduciario, se encuentra en condiciones de informar sobre los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso, desde el 25 de noviembre de 2012, fecha de su constitución, hasta finales de 2013 dado que sólo atendió en su respuesta original lo propio del 2014 y 2015.