No paran las malas noticias contra México.
Y menos en materia educativa.
La nueva nota es su caída en el índice de libertad académica, una referencia marcada frente a una relación con 177 países del mundo.
Simplifiquemos: es equivalente a lo sucedido el 26 de mayo del 2021, cuando Estados Unidos degradó la seguridad aérea nacional por mala supervisión de vuelos y aeronaves.
Un conflicto del cual no saldrá en mucho tiempo, aunque el mismísimo López Obrador haya prometido superarlo a más tardar en cinco meses.
Año y medio después, no hay ni formación de especialistas ni esperanzas de recuperar la calificación para competir en la aviación internacional.
Hoy la Academic Freedom Index Update 2022 nos condena porque ha disminuido la libertad para la enseñanza: México baja de categoría A a categoría B.
Cierto, los datos corresponden a diciembre del 2021, pero en el corazón del sexenio las condiciones no han cambiado y no es posible esperar revertir este fenómeno.
DAÑO DE DICTADURAS
El análisis incluye un dato espeluznante:
Las peores caídas son víctimas de gobiernos populistas como los izquierdistas Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua o el derechista Jair Bolsonaro de Brasil.
Pero hablamos de México, donde gobierna Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre de 2018 y no para el descenso en la medición internacional.
El índice se mide de 0 a 1: el entero se asigna cuando se registra la mayor libertad académica posible, reconocimiento exclusivo de los países nórdicos.
Europa, pues, donde alcanzan 0.95.
Los peores en esta materia son Corea del Norte, del dictador Kim Jong-un, y Nicaragua, del también dictador Daniel Ortega, con 0.12.
México pasó de 0.92 en 2011, todavía en tiempos de Enrique Peña Nieto, a 0.89 en 2019 y, vaya caída tan drástica, 0.76 en 2021.
¿A qué se debe?
El análisis habla del deterioro académico en muchos sentidos: destitución arbitraria de directores de institutos de investigación, atropello del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), desaparición de fideicomisos de ciencia, pérdida de autonomía de centros de investigación y caída en el presupuesto en esta materia.
Otro dato: se analiza cómo Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla ha suspendido drásticamente las becas en el extranjero y decide con fines ideológicos sus proyectos.
MAQUINARIA OFICIAL
El Gobierno cree tener asegurado un éxito.
Ha usado todo el poder del Estado para promover e imponer a Guadalupe Díaz Carranza como presidenta de los cuatro mil notarios del país.
Una mujer cuestionada de principio a fin: nació en Tlaxcala, presentó un acta falsificada como oaxaqueña, designada sin el aval del Congreso del estado y otras ilegalidades por las cuales ha sido denunciada.
El fiscal Arturo Peimbert ha documentado todas estas falsificaciones y consignó el pliego por lo cual ella deberá comparecer el 15 de noviembre ante la justicia.
Además, está involucrada en el cártel del despojo, donde varios notarios se unieron para quitar propiedades a personas con derechos auténticos.
Pero como la consigna presidencial es no me salgan con que la ley es la ley, mañana en Monterrey será la elección y es casi segura su victoria sobre el mexiquense Nicolás Maluf Maloff.
Al menos en sus ejercicios y presiones, la operación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lleva una delantera de 4 a 1.