Número cero/ EXCELSIOR
El mejor mensaje del abandono de Roberto Palazuelos de la candidatura de MC en Quintana Roo sería que la popularidad no puede ser el único requisito para postularse, si los partidos realmente quisieran evitar caer en un reality de mirreyes o una colección de “fichitas” capaces de adular al crimen. De todos depende tener mecanismos de selección de candidatos que resistan el abordaje del narco y el asedio de los cárteles como ocurre de forma creciente en las últimas elecciones. De sus perfiles depende que no deriven en poderes mafiosos ni la descomposición de la democracia.
La presión contra el llamado Diamante Negro por su bronceado eterno de Cancún fue muy fuerte, dentro y fuera de MC. En la opinión pública es cada vez menos fácil que una candidatura transite con sólo el argumento de los votos, si el perfil contradice valores mínimos de la representación política o el discurso del partido. El debate en MC, sin embargo, fue enconado entre la desesperación por ganar esa elección a cualquier precio y los alegatos sobre la incongruencia de avalar a alguien que hace apología del narco o declara su participación en un crimen como una escena televisiva humorística. Palazuelos se bajó de la candidatura antes de que lo bajaran, pero su recepción en MC dejó a la vista el talón de Aquiles de los métodos de todos los partidos para elegir candidatos.
La ausencia de mecanismos consistentes provoca fenómenos que socavan a los partidos como venta de candidaturas, el veto o el impulso del crimen o abrazar personajes “populares” aunque sean completamente incongruentes con el discurso político contra el clasismo, misoginia o racismo como el caso de Palazuelos. Pero no es un hecho aislado. La mayor catástrofe de los partidos es pensar que no son iglesias para andar cuidando principios o asumirse como CEO de empresa interesados en administrar prerrogativas y rendimientos electorales para hacer dinero. La corrupción explica la crisis de confianza en ellos y el ascenso de ofertas populistas construidas contra el statu quo que representan los partidos tradicionales.
Ahora esa clase de perversiones se esgrimen para justificar la discusión en el Congreso de una nueva reforma electoral que, entre otras, reduzca el financiamiento público. Las partidas millonarias que reciben del erario no han evitado la infiltración del crimen ni los preservan como entidades de interés público, sino al contrario, agudizan las contradicciones entre el dinero y la democracia de maquinarias electorales sin respeto a sus principios o rendidas a la popularidad de un aspirante. Si bien hay razones para hacer más barato el costo de nuestra democracia, esto tampoco resuelve las prácticas que la abaratan como el perfil de candidatos o el transfuguismo de “chapulines” sin rendición de cuentas como ahora también ocurre con el pirateo de MC al morenista de pura cepa José Luis Pech para sustituir a Palazuelos.
Por ejemplo, declaraciones suyas de apología del crimen sobre su admiración al Chapo Guzmán o reconocerse como un violador de la ley no le habrían impedido alcanzar la candidatura. Los vacíos y ambigüedades en los requisitos legales son muy amplios y prácticamente sólo restringen la entrada a la competencia a personas en la cárcel. Como se recuerda, ni siquiera las denuncias de violación contra Salgado Macedonio o de procesos judiciales por delitos relacionados con el tráfico de drogas del gobernador de SLP fueron suficientes para que Morena los bajara de sus listas. Ahí otro caso en que el método de encuesta para asegurar la popularidad es suficiente para transformar a cualquiera en apóstol de la democracia, aunque reducir la selección a ese criterio abra la puerta al crimen.
Las trayectorias de éstos y muchos otros más violaban preceptos constitucionales mínimos como tener una vida honesta y respetar los principios del sistema democrático como son la no violencia y la prohibición de violencia política de género. ¿Cuántos candidatos pasarían por esta mínima prueba del ácido? ¿Cuántos abren la puerta a candidaturas populares, aunque traigan violencia y descomposición a la vida democrática? El recuento podría ser decepcionante, mientras cada elección vemos crecer la cantidad de candidatos impuestos por el narco, amenazas o ejecuciones a los que no tienen su anuencia como, paradójicamente, denuncia la oposición de la última elección ante la OEA y la CIDH sin hacer nada por blindar internamente la selección de sus candidatos.