<< El Grupo Parlamentario plantea sanciones imprescriptibles para servidores públicos que se coludan o colaboren con el crimen organizado
Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar con penas de 80 a 140 años de prisión a quienes, desde el servicio público, se coludan, colaboren o faciliten las actividades del crimen organizado.
La propuesta forma parte de las prioridades legislativas anunciadas por Acción Nacional durante su reunión plenaria en La Paz, Baja California Sur, y del compromiso presentado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones y poner fin a la impunidad de los llamados “narcopolíticos”.
La iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer penas de 80 a 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y el carácter imprescriptible de las sanciones previstas para estas conductas.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Elías Lixa Abimerhi, afirmó que la iniciativa representa una definición clara de Acción Nacional frente a la relación entre el poder público y el crimen organizado, y sostuvo que México debe poner punto final a lo que calificó como la “era de los narcopolíticos”.
“Punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, señaló.
Elías Lixa sostuvo que combatir la corrupción y al crimen organizado implica garantizar que quienes utilicen las instituciones públicas para favorecer a grupos criminales enfrenten sanciones efectivas y ejemplares.
“El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales”, afirmó.
Por su parte, el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, proponente de la iniciativa, señaló ante el Pleno que México enfrenta una grave crisis de seguridad y advirtió que la infiltración del crimen organizado en la vida pública representa también una amenaza para las instituciones democráticas y los procesos electorales.
Hinojosa Pérez explicó que la propuesta busca sancionar las alianzas entre servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada que tengan como propósito facilitar la actuación de grupos criminales o influir en las decisiones de las autoridades, las instituciones democráticas o los procesos electorales.
De acuerdo con la iniciativa, las penas de 80 a 140 años de prisión se aplicarían a integrantes de la delincuencia organizada que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante acciones encaminadas a influir en las decisiones de las autoridades o en los procesos electorales.
Las mismas sanciones se contemplan para titulares del Ejecutivo federal o estatales, secretarías de Estado, fiscalías y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren o faciliten dichas conductas, así como para quienes incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con el propósito de permitirlas.
La iniciativa propone además incorporar estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que sean investigadas, procesadas y sancionadas bajo dicho ordenamiento.
El Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que no puede existir un Estado de Derecho pleno mientras servidores públicos utilicen las instituciones para favorecer intereses criminales, por lo que llamó a las demás fuerzas políticas a discutir y respaldar una reforma que permita cerrar espacios a la impunidad y proteger las instituciones democráticas.