NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El mayor desafío del Paquete Económico 2020 es determinar el valor de lo posible y las bases para cumplir con las expectativas de un país con la paciencia agotada de promesas incumplidas o postergadas. Las demandas se acumulan en las cuentas oficiales y rebasan estimaciones del gobierno.
El caudal de necesidades desborda la “cobija presupuestal” y confronta las promesas de López Obrador de hacer un gobierno para el pueblo con un crudo choque con la realidad de un país con recursos escasos y bajo crecimiento. Cada año, el país tiene mayor gasto y cada vez le alcanza menos para cubrir altercados y disputas por demandas que acechan la gobernabilidad.
El problema no es sólo “cuadrar el círculo” de un presupuesto con escaso margen de maniobra, que podría complicar las finanzas públicas en los próximos dos años. En su dimensión política, el reto es su capacidad de reacción para enfrentar el enojo por recortes y la frustración por exigencias incumplidas que explotan aquí y allá en medio de la multiplicación de peticiones insatisfechas. Como resultado también de las formas de protesta que enseña la carrera política del propio López Obrador en su ascenso al poder, con recursos como la movilización política para reivindicar derechos o negociar con la desobediencia civil.
El Paquete Económico sirve para enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados, que lo reciben con cautela, aunque les pareció demasiado optimista. Esta construido sobre tres supuestos indeterminados: sobre la meta de crecimiento económico (al menos 1.5%), el nivel de producción de petróleo (2 millones de barriles) y de recaudación fiscal, que urge a una débil hacienda pública. Pero sus impactos, más allá de la estabilidad macroeconómica, amenazan encontrar posiciones reactivas entre grupos afectados por políticas del cambio y hasta por los sectores teóricamente más beneficiados por los programas del gobierno de la 4T. A la rebaja de recursos en educación o salud, se suma un errático manejo de la política pública o las dificultades para implementarlas, que desatan reacciones que desafían la gobernabilidad.
Entre los primeros destaca el regreso, los últimos días, de la protesta de la Policía Federal, con bloqueos a los accesos al aeropuerto CDMX por demandas laborales ante la extinción de la corporación. La calle también ha sido tomada por movimientos de mujeres contra la violencia de género, pero incluye otras inconformidades por recortes de programas de salud, educación y medio ambiente. En adelante también vendrán movilizaciones por la creciente preocupación sobre el calentamiento global, la dura astringencia de recursos para este sector y la falta de alternativas de energía en un presupuesto que apuesta el futuro del país a energías fósiles con el rescate de Pemex y CFE.
Pero lo más preocupante para el gobierno es que la conflictividad cada vez más se expresa desde las filas de grupos cercanos y beneficiarios de sus programas, como un patrón que se extiende por demandas que lo superan o cubiertas debajo de lo esperado. Por ejemplo, la CNTE mantiene exigencias crecientes frente a las leyes secundarias educativas a través de la presión en la calle, a pesar del acuerdo con el Presidente para la entrega de plazas automáticas a las normales. También, en los últimos días, jóvenes beneficiarios del programa estrella de la administración bloquearon Cuernavaca para reclamar el retraso de las becas “construyendo futuro”. Cada día se difunden en medios y redes quejas de pacientes y usuarios inconformes en hospitales públicos por la falta de medicinas y los campesinos cierran carreteras ante la ausencia de fertilizantes prometidos. ¿Exceso de expectativas o cálculo fallido de las promesas?
Ambas respuestas exigirán soluciones en el Paquete Económico. La gobernabilidad pasará por la capacidad de convencer a los mercados, pero también de repartir cargas sociales para atemperar a los sectores más inconformes, por ejemplo, con la reducción de la evasión fiscal, aunque la respuesta de los afectados también es potencialmente desestabilizadora. No obstante, les convendría tener en cuenta que ni la represión o el endeudamiento, como salidas para paliar o sofocar el descontento, convienen a nadie.