La semana pasada, de una forma intempestiva, se le ocurre a la diputación de Morena que para los efectos del procedimiento de revocación de mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, había que hacer una “interpretación” de las restricciones que marca la ley electoral que prohíbe propaganda gubernamental, a menos que se refiera a “servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia” [Art. 449, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales]; así como la prohibición que señala la Ley Federal de Revocación de Mandato, que dicta en su el párrafo séptimo de su artículo 33, que “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.”
Así que, con una votación de los integrantes de Morena y sus aliados, aprobaron una difusa “interpretación” relativa a las prohibiciones arriba expresadas respecto a la promoción que pueden hacer los servidores públicos, tanto en los procedimientos electorales como en el de revocación de mandato.
Dicha “interpretación”, básicamente, señala que la prohibición de realizar propaganda gubernamental debe de ser la que implique el ejercicio con cargo al presupuesto público, “etiquetado de manera expresa para ese fin”. Y que “no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites de las leyes aplicables.” E, inauditamente, también esta “interpretación” excluye del concepto de propaganda gubernamental para las prohibiciones de difusión establecidas para los procesos electorales y de revocación de mandato, a la “…información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados [Art. 3. Fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información]. Por último, la prohibición del uso de recursos públicos se restringes solamente para el apoyo de “personas aspirantes precandidatas, candidatas, o a partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales…” Es decir, excluye en el supuesto, de forma mañosa, al procedimiento de revocación de mandato.
Podemos decir que con lo anterior, Morena y aliados hacen caso omiso de lo que dicta la constitución y la ley. En los hechos, el gobierno federal no ha cumplido con lo que dicta la ley y la Constitución respecto a las restricciones de la propaganda gubernamental dictadas en la Constitución y leyes durante el transcurso del procedimiento de revocación de mandato.
Descaradamente el gobierno ha promovido la revocación de mandato usando una y mil artimañas para promover la permanencia del presidente en el poder. Es decir, para que no le revoquen el mandato, engañando a la gente de que tiene que acudir a votar en favor de que permanezca en el cargo.
Lo anterior es explicable, el presidente desea permanecer en el centro de la política para promoverse en su persona, y distraer la atención de las pifias de su gobierno, aprovechándose de su popularidad personal.
Pero ahora Morena y aliados se socorren con el recurso legaloide de “interpretar” hasta la Constitución para violar las disposiciones que fueron insertadas en ella, así como en las leyes electorales y de revocación de mandato, con el impulso de la izquierda, manejada por el propio Andrés López, estirando al máximo el significado del concepto de “propaganda gubernamental” para seguir promoviendo al presidente.
En conclusión, el presidente y su partido Morena con sus aliados, no están comprometidos con México, sino su compromiso es retener el poder con fines de dominación, haciendo a un lado la democracia, la ley, la Constitución y el Estado de Derecho, justificando su actuar con el pretexto de “ayudar a los pobres”. Sigamos dándoles margen para que sigan destruyendo el Estado de Derecho, sin utilizar los recursos que nos dan las leyes y la Constitución, hasta que terminen dominando por completo al INE al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia.