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Estira y afloja

En esta última entrega de 2023 le comparto que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya autorizó 600 millones de dólares para armonizar y modernizar el marco normativo de movilidad, seguridad vial, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en México. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, dijo que la dependencia está “comprometida en liderar la rectoría del Estado sobre el territorio” y que formulará “normas e instrumentos necesarios para mejorar la movilidad urbana y su articulación con el desarrollo territorial en las diferentes escales de nuestro país”.

Este primer préstamo representa 0.2 por ciento del total de necesidades de financiamiento del gobierno federal en este programa y el reto será enorme porque el proceso de urbanización en el país se dio de forma acelerada: entre 1900 y 2010 la población nacional creció 7.3 veces, el número de ciudades 11 veces y la población urbana 55 veces. Actualmente, más de 92 millones de personas residen en las 401 ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional, y se espera que para 2030 sean 114 millones. La ocupación territorial tuvo una “expansión desproporcionada, fragmentada y no planificada de la mancha urbana”.

El crédito se usará para promover una movilidad segura, inclusiva y sostenible integrada con el ordenamiento territorial, lo que implicará, entre otras cosas, modernizar todo el marco normativo que incluye actualizar dispositivos de seguridad vehicular, incluyendo vehículos eléctricos; incorporar criterios de resiliencia climática en espacios públicos, y actualizar los marcos normativos de programas estatales y municipales. Solo 19 estados cuentan con una ley de movilidad y cinco se armonizaron con la legislación federal; los municipios tienen reglamentos y circulares más que todo asociadas a servicios públicos e ingresos.

El programa contempla marcos legales y normativos a escalas federal y estatal que prevengan la violencia de género en el transporte, implementar dispositivos de seguridad vehicular a favor de usuarios, estructurar proyectos de transporte público masivo de autobuses con flotas vehiculares públicas y privadas de energía limpia que incluye taxis, autos o camiones.

El BID destacó que el gasto en transporte represen­ta en promedio 19.3 por ciento de los gastos de los hogares mexicanos, “el más alto entre los países del G20”, y que las “bajas densidades de población en los subur­bios mexicanos hacen que ciertas in­fraestructuras, como las líneas de Metro o incluso el transporte rápido en autobús, sean caras de cons­truir y operar, lo que las hace prohibitivas”. El desembolso del crédito estará condicionado “al cumplimiento de las condiciones de reforma de política”.

Felices fiestas. Nos encontraremos el próximo 3 de enero.

jesus.rangel@milenio.com