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Dio inicio en la Cámara de Diputados el parlamento abierto para analizar la iniciativa de ley en materia del sector eléctrico, esto con el objetivo de recolectar las opiniones, a favor y en contra, de académicos, expertos, analistas, políticos y gente que se inscribió para ofrecer su opinión al respecto, para que los legisladores inicien su análisis con base en ello y aprobar o no esta iniciativa de reforma constitucional.

Ayer se presentaron gobernadores de los estados que tienen plantas generadoras de energía eléctrica, y como era de esperarse, las opiniones fueron a favor de llevar a cabo una reforma eléctrica, pero más sustentadas en objetivos ideológicos que en el sentido real que significa una energía sustentable, económica y que pueda abastecer las necesidades del país.

Tanto legisladores como gobernadores, quienes tomaron la palabra, inyectaron gran parte de su ideología política en su opinión y nunca se logró escuchar con exactitud puntos fundamentales sobre costos para generar esta electricidad, de dónde saldrán los recursos para poder construir o modificar las plantas existentes y como se distribuirá la energía a todo el país.

Quizás porque la mayoría de los gobernadores son de Morena y por ello, para no quedar mal con su jefe, se limitaron a señalar puntos ideológicos, lo que no mostró el panorama real del presente y futuro de una de las industrias fundamentales no solo para el desarrollo tecnológico del país, sino también económico y ecológico.

Ahora. esperemos que partir de este día, y en los subsiguientes hasta el 15 de febrero, las opiniones partan de otros objetivos y planteamientos más reales, las cuales serán aportadas por el sector empresarial, académico y científico.

Para que al concluir se tenga una opinión fuerte, para evitar que no se conduzcan las decisiones por un capricho sino por realidades, que permitan generar acuerdos y si se decide a favor de esta iniciativa sea contando con los recursos financieros suficientes para llevarla a cabo, con estudios económicos que impidan que este proyecto termine siendo en uno sin fin y con gastos enromes que tendremos que pagar todos aquellos que aportamos y pagamos impuestos.

Por lo tanto, aún nos queda la duda sobre las conclusiones a las que se llegue en este parlamento abierto serán tomadas en cuenta o solamente y se traducirá en un diálogo de sordos donde no se mueven un ápice a la iniciativa presentada por el titular del poder Ejecutivo.

Por el momento el Centro de Estudios Económicos del Sector Privador (CEESP), que dirige Carlos Hurtado, fijo su postura ante esta iniciativa.

Insistió que esta industria no requiere la estatización, sino una regulación de redes adecuada y flexible, que no se eliminen los organismos de regulación autónomos y que no se ponga en riesgo las inversiones privadas, para que estas acompañen al gobierno en la culminación de su proyecto.

Subrayó sus preocupaciones sobre la centralización de la creación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que podría convertirse en mercado de un solo participante y esto traería otros problemas como una energía eléctrica cara, la posibilidad de no generar la suficiente, lo que se convergería en un desabasto en contra de los sectores productivos y con problemas respecto a los tratados comerciales como es el T-MEC.