Número cero/ EXCELSIOR
La oposición vuelve a entrar al cepo que le pone López Obrador con reformas laborales que presentará en el ocaso de su mandato. Con la de pensiones y, otra vez, el amago de extinguir los órganos autónomos, responde a un estímulo calculado sin caer en la cuenta de aquello que el Presidente desea que hagan: oponerse un problema muy sensible para los trabajadores que en otras partes sacude gobiernos y en México es una “bomba de tiempo”, aunque se prenda con la mecha electoral.
La técnica política de airear el trapo desde Palacio Nacional para que sus adversarios entren a morderlo ha sido práctica cotidiana durante el sexenio. Muerden el señuelo antes de siquiera conocer una iniciativa, como con las pensiones y la del salario mínimo para asegurar en la Constitución que siempre suba por arriba de la inflación. La amenaza de acabar con el Inai o el IFT que acompaña para financiar los cambios sólo reedita una polémica recurrente de ésas que parecen llevar la leyenda de “ábrase cuando se necesite capturar la atención y el debate público”.
El Presidente suelta información sobre ellas a cuentagotas como el que atrae a una presa con la provocación de la crítica al “neoliberalismo” y a posiciones “antobreristas”: revertir la reforma de Ernesto Zedillo de 1995, cuando se abrió el régimen a las administradoras privadas, las afores. Aunque ya el Congreso en 2020 aprobó modificaciones a las pensiones para resarcir efectos perniciosos e injustos de aquella, con incrementos de aportaciones de la patronal, sin resolverse el problema de fondo.
Con la mirada en arrasar en la elección y ganar el Congreso, López Obrador promete regresar a los tiempos en que los trabajadores se jubilaban con 100% de su salario y que el Estado financie la subida con austeridad y el presupuesto de órganos autónomos, aunque dice que conservaría los empleos. Actualmente, el retiro alcanza 40% del salario y un incremento de tal magnitud pondría a temblar a la economía y dejaría en aprietos a su sucesor, además de que ningún país en el mundo alcanzan un porcentaje total. Aún debe concretarla y explicar cómo financiarla —el presupuesto de los autónomos es de risa—, pero anticipa la reacción que explota en el temor de quedarse con los recursos de los trabajadores y dinamitar las finanzas públicas.
Pero abrir la discusión no es una baladronada. Las pensiones son un grave problema social, porque más de la mitad de la población está en la informalidad, sin seguridad social, aunque programas sociales de apoyos a adultos mayores son un bálsamo en el desierto para la mayoría de los jubilados. La oposición no puede eliminar esta “bomba de tiempo” con juzgarla una iniciativa “populista” para ganar votos sólo porque el Presidente abrió la discusión en medio de las campañas. Es altamente probable que el “obradorismo” repita en el gobierno a cuenta, entre otras, de esta clase de errores constantes de sus adversarios en que pierden el debate público.
Pero los destinatarios de las jugadas de opinión pública del Presidente son ellos los y medios de comunicación. De sus adversarios, él espera que reaccionen con airada oposición y adelanten cerrar filas contra la iniciativa, incluso rechazar su discusión. Pero en todo caso se enfrascan en un debate sobre temas cuidadosamente elegidos para inmovilizarlos, aunque ni siquiera sea viable hacer cambios constitucionales como en pensiones y salario mínimo. Respecto a los otros, la visibilidad es imprescindible en toda estrategia para captar la atención, como busca al poner en la mesa las dos reformas constitucionales laborales.
Los tiempos sucesorios con la elección en puerta, en efecto, parecen poco propicios para la última tanda de reformas presidencial. La posibilidad de concretarlas antes del 1º de octubre que termina su mandato es remota, pero una respuesta obstruccionista conduce a la oposición a perder ganando porque el “obradorismo” se llevará el tema como otra cruzada a las urnas para movilizar el voto. El Presidente sabe que es improbable convencer al bloque opositor de apoyar sus reformas, pero un eventual rechazo forma parte de la estrategia electoral para lograr en junio la mayoría calificada que requiere para hacer reformas constitucionales sin su apoyo.
Como pretende, las pensiones han entrado al terreno electoral rumbo a 2024, y qué bueno, porque es una agenda necesaria más allá de éste y de la que precisamente los candidatos deben pronunciarse.