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La Comisión Permanente exhortó a las Fiscalías y Procuradurías de Justicia de las entidades federativas para que, en el marco de la armonización de sus leyes respectivas, continúen con el fortalecimiento de los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y, cuando corresponda, con la Fiscalía General de la República (FGR).

El dictamen tiene el propósito de garantizar la activación oportuna y la aplicación efectiva del Protocolo Alba, así como la implementación de acciones que refuercen la evaluación permanente de las estrategias destinadas a su localización.

De acuerdo con el dictamen que fue aprobado en votación económica por el Pleno de la Comisión Permanente, el Protocolo Alba constituye un mecanismo especializado de búsqueda y localización inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, diseñado para articular la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, fiscalías, comisiones de búsqueda, medios de comunicación y sociedad civil.

Su finalidad es proteger la vida, libertad e integridad de las personas desaparecidas mediante acciones de reacción inmediata, pero su correcta implementación exige una coordinación operativa sostenida entre las fiscalías o procuradurías y las comisiones locales de búsqueda.

Este instrumento establece que desde que cualquier autoridad tiene conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña, debe comunicar los hechos de manera pronta y sin dilación a las instancias responsables y realizar las acciones de búsqueda inmediata a su alcance. El mismo modelo dispone que deben eliminarse oficiosamente los obstáculos de hecho o de derecho que afecten la búsqueda, incluyendo la exigencia de procedimientos preliminares que puedan retrasarla.

El documento, que surgió de un punto de acuerdo propuesto por la senadora de Morena, Olga Sosa Ruiz, refiere que la Comisión Nacional de Búsqueda dispone del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, instrumentos que procuran dotar a las instituciones de pautas especializadas para actuar desde los primeros momentos de la desaparición.

Esta infraestructura normativa e institucional, refuerza la pertinencia de que las fiscalías y procuradurías estatales continúen fortaleciendo sus mecanismos de actuación y apoyen estrechamente con dicha Comisión y, cuando corresponda, con la FGR.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, señalan que entre 2018 y 2024 desaparecieron 145 mil 070 mujeres; de este universo, 59.3 por ciento correspondió a niñas y adolescentes. También refiere que, durante los primeros meses de 2025, el registro de mujeres desaparecidas y no localizadas superó las 14 mil personas, lo que muestra un incremento respecto del mismo periodo de 2024.

Por lo anterior, la Comisión Permanente exhortó también a las autoridades de procuración de justicia de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen reforzando las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Además de fortalecer la capacitación especializada, permanente y con perspectiva de género del personal ministerial, policial y de investigación, a fin de garantizar la debida diligencia, la atención integral, la búsqueda inmediata y la investigación eficaz de los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.