NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El abuso de poder disminuye la categoría moral de la vida pública. Su regeneración fue una de las principales promesas políticas del Presidente para llegar al poder y transformar al país. Pero en sentido contrario, el uso de recursos del Estado de forma excesiva y extralimitada sólo conduce al deterioro de la democracia y el empeoramiento del estado de los derechos si la trasgresión proviene de la autoridad más elevada del gobierno. Su uso indebido rebaja la dignidad de la investidura.
La alarma que genera la represalia del Presidente contra periodistas críticos por su trabajo es evidente porque arrincona la libertad de expresión bajo la amenaza del uso del poder para constreñirla. La exhibición desde la tribuna presidencial de datos personales como las percepciones de Loret y ordenar a Hacienda, al INAI o al SAT investigar “más a fondo” su patrimonio significa cruzar la frontera de la hostilidad a la intimidación. Que no se puede justificar ni con la pretensión de que se abandonen malas prácticas reprobables entre la prensa, ni tampoco como parte del debate democrático.
La extralimitación de facultades así sea con la pretensión de restablecer o mejorar el funcionamiento de la prensa alberga una preocupante confusión de fines y medios. El escandaloso montaje de Loret en el caso Cassez es, sin duda, una práctica indebida que debió investigarse, y, en su caso, castigarse, como interferencia a la justicia. No es el único vicio heredado del viejo régimen autoritario y que persiste en la relación de la prensa y el poder. El mismo López Obrador ha denunciado el modelo de negocio como limitante de la libertad de expresión y prácticas como el soborno a periodistas, pero cambiar esa relación y las partes dañadas no pasa por usar las fallas para enderezar los poderes del Estado contra los periodistas críticos o que desvelen conflictos de interés o influyentismo.
En una de sus frases célebres, Benjamín Franklin describía la democracia como dos lobos y un cordero votando qué se va a comer, y explicaba que la libertad es el cordero, armado, impugnando la votación. Quiere decir que la primera condición de una democracia es la libertad de prensa porque sin ella no hay libertad de elección. Es lo que se arriesga cuando desde el poder se reduce la democracia a la lucha política entre “lobos” y más grave aún en un país en el que el cordero es devorado por el crimen. De lo que debía estar hablando la democracia es de la pendiente peligrosa por la que se desliza con seis periodistas asesinados en menos de dos meses del año.
La confrontación con la prensa es una de las marcas del sexenio. Desde la 4T la consideran un arma de sus adversarios contra su proyecto, salvo los casos de periodistas simpatizantes o cercanos. El discurso de la polarización se expresa con nitidez en el ataque por el temor de que se convierta en algo más fuerte que el propio estado democrático y amenace al “lobo”. Con esa lógica se quiere justificar desde el poder la trasgresión de derechos ciudadanos como la protección de datos personales o el secreto bancario, tal cual fueran parte de las baterías permitidas en la lucha política contra el crecimiento de un poder en manos privadas. La premisa es la acusación a la prensa de haber intervenido en la lucha política en la elección de 2006 con una campaña contra la candidatura de López Obrador y aceptar la elección de Calderón, lo que además deja un tufo de viejas venganzas al actual combate contra ella.
Pero el silogismo es equivocado porque la primera verdad es que la libertad de expresión no puede estar a salvo si el Estado no la protege como obliga la Constitución con este derecho básico. Y peor aún, si desde el propio poder público se pretende acallar a las impugnaciones de la crítica bajo pretexto de su mal funcionamiento o intereses aviesos. Eso no conduce al debate democrático, ni a la regeneración de la vida política, sino a deslizar a las instituciones por la pendiente del autoritarismo. Un mensaje muy preocupante para todos los poderes de facto y el crimen dispuestos a remover cualquier obstáculo para lograr sus fines sobre los derechos de la ciudadanía. Muy grave porque el uso del Estado contra ella en vez de protegerla es de facto un permiso para matar.