El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC), Santiago Nieto Castillo, solicitó a legisladores de Morena impulsar diversas reformas para prevenir el lavado de dinero y mejorar los mecanismos de auditoría, capacitación y sistemas automatizados a fin de reportar información de actividades sospechosas.
El funcionario indicó que ya se encuentra una iniciativa en el Senado de la República para modificar la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el propósito de prevenir el lavado de dinero y cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Puntualizó que uno de los principales motivos de esta reforma es cumplir con el estándar internacional del GAFI, dado que evaluará a México el próximo año; para ello se requiere una serie de adecuaciones normativas.
Destacó que entre las propuestas de modificaciones, destaca la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales relacionados con corrupción y las personas políticamente expuestas a cometer este delito o cualquier relacionado con el lavado de dinero.
También se pretende mejorar los mecanismos de auditoría, capacitación y sistemas automatizados para que los sujetos que están obligados por ley reporten mayor información de actividades sospechosas ante la UIF, añadió.
Nieto Castillo destacó el trabajo en colaboración que ha realizado con la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción, en materia de política criminal de Estado y combatir la corrupción. “Implica evidentemente la colaboración de todos los poderes, de los órganos constitucionales autónomos y las unidades e instancias especializadas”.
Por otra parte, confirmó que se investiga a Eduardo Medina Mora, quien renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por presunto lavado de dinero.
“No me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la unidad de inteligencia financiera, y mucho menos el ¿por qué? de esa jurisprudencia, que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. Me parece que esa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas».
Además dio a conocer la existencia de dos denuncias por “presuntos desvíos de lavado de dinero vinculados con el financiamiento ilícito a campañas electorales”.
El funcionario abundo que en colaboración y coordinación con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), “estamos desarrollando una investigación en el tema de lo que se denominó Operación zafiro, es decir, recursos que fueron extraídos de secretarías de educación (estatales) para efecto de financiar campañas”.
Antes de abandonar el palacio legislativo de San Lázaro, adujo que el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales establece que no pueden incorporarse a las campañas electorales recursos “cuando vengan de la administración pública, cuando vengan de la delincuencia organizada o cuando se superen los topes a las campañas”.
Al confirmar que se han presentado dos denuncias, refirió que se trabaja para detectar si en los casos de la (llamada) estafa maestra también el dinero fue separado de forma ilícita a partir de empresas fachada y si llegó –o no– a campañas electorales. Para que surta efecto tal averiguación, se firmó un convenio entre la UIF y la Fepade.
Sobre las investigaciones en torno a las casas de estudio, también la Secretaría del Bienestar aportó a la UIF 105 convenios de colaboración donde se detectaron irregularidades en instituciones de educación superior:
“Y lo que estamos rastreando en este momento son las empresas, muchas de las cueles ya desaparecieron o fueron liquidadas, lo cual da un elemento para considerar que eran empresas fachada y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior administración”.