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Para ello, el líder parlamentario de ese Grupo; Alejandro González Murillo, dijo que su extradición debe realizarse con estricto apego a derecho y bajo debido proceso.

 

En comunicado de prensa, el político hidalguense, también se refirió a los bienes derivados de las actividades ilícitas que realizó, dijo que éstas deben permanecer en el país.

 

González Murillo, pidió a las autoridades apegarse al proceso de extradición del narcotraficante y a lo que la ley establezca, para que se garantice que se cumpla con los convenios que hay en materia de decomiso de bienes y de aseguramiento del patrimonio que tengan como origen actos delincuenciales o la comisión de un delito proveniente de la delincuencia organizada.

“Mientras todos y cada uno de los requisitos previstos en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América se cumplan, el gobierno mexicano está en condiciones de extraditarlo”, apuntó.

 

A su vez, el diputado federal del PRD, Waldo Fernández González, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, consideró que los bienes incautados al narcotraficante ingresen al erario público y utilizarse para resarcir a las víctimas del delito y para labores de investigación en materia de drogas.

 

El legislador señaló que la principal preocupación es qué va a pasar con los bienes del Chapo. “Ese dinero es producto de la sangre de muchos mexicanos. Es necesario que se quede en México y pelear por él”, comentó.

 

Fernández González, recordó que se firmó un acuerdo el 4 de septiembre de 2001 con Estados Unidos, el cual establecía que cuando se trabajara en conjunto en labores de investigación para detener a altos criminales, como Joaquín Guzmán, los productos o bienes que se han confiscado, motivo de estas investigaciones se van a compartir entre ambos países. Pero aclaró que hasta el momento los recursos se encuentran en México.

 

Dijo que las autoridades ya tienen un catálogo de bienes que “es la punta del iceberg de lo que van a poder obtener. Hay que tener en cuenta que en casos de lavado de dinero y la compra de bienes a través de testaferros son delitos que requieren de una investigación a profundidad”.