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En el marco de la Primera Reunión del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México (Somos MX), José Woldenberg hizo una exposición sobre las recientes reformas electorales de consenso que permitieron a México logros democráticos y que hoy bajo el gobierno de Morena se demolieron.

Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y hoy Instituto Nacional Electoral, INE), criticó el llamado Plan B de la Reforma Electoral que impulsa la Presidencia de la República la cual busca imponer una sola visión de país e incluso, rompe con el Pacto Federal en un claro gesto de regresión democrática y avance del autoritarismo desde el 2018.

“México es un país masivo, contradictorio, desigual, que no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología y mucho menos de una sola voz. Somos lo que somos: una sociedad diversa compleja, en la cual palpitan diferentes ideas, intereses, diferentes puntos de vista y es parte de la riqueza de la sociedad. Un sistema democrático lo que intenta es ofrecerle un cauce de expresión y recreación a esa riqueza. Todo autoritarismo, lo que propone es exactamente lo contrario: solo hay un punto de vista correcto, solo hay una ideología correcta, solo hay un sujeto político correcto y todo lo demás no lo son… uno de los ejes fundamentales de la contienda política que se vive en México es precisamente eso: democracia o autoritarismo y por desgracia mucho de lo que se había logrado en términos democráticos ha sido destruido ya”.

Entre los logros democráticos demolidos por Morena y sus aliados, mencionó haber logrado el tránsito de un modelo sin competencia a uno de alternancia y que aunque el cambio solo fue electoral, fue de carácter republicano y funcionamiento gubernamental porque obligó a las negociaciones entre las fuerzas políticas para alcanzar los acuerdos de consenso; un modelo que permitió también separar al gobierno del árbitro electoral y que el Poder Judicial de la Federación dejara de ser un cero a la izquierda y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral Federal cumplieran con su función sin sometimiento a las fuerzas políticas como ahora ocurre, una situación que se agravará con la salida de tres consejerías independientes del INE en abril próximo.

Woldenberg hizo un recuento de las reformas electorales como la de 1977 que permitió el acceso de la izquierda a la vida legislativa, y las sucesivas con lo cual hubo alternancia en municipios y Gubernaturas como en 1989 cuando la oposición triunfó en Baja California y la creación del IFE y del TEPJF.

De la de 1996, resaltó haber alcanzado la equidad en la contienda en materia de acceso a medios y financiamiento público. “Como podemos ver, todas estas reformas se lograron por las demandas de las oposiciones, a diferencia de la de hoy que es del gobierno en su beneficio”.

“Debemos hacer énfasis en recordar que todo fue gracias a luchas y conflictos para abrir cauce a la diversidad política”, por lo cual llamó a los nuevos partidos políticos a recuperar el aliento democratizador para reinstaurar las instituciones de la democracia.

SCJN y TEPJF a modo

El también maestro universitario reconocido por la conducción del IFE, criticó la imposición de una narrativa oficial para justificar la destrucción de los logros señalados al tratarse de un claro retroceso democrático con una SCJN y un TEPJF a modo, que permitió una sobre representación inconstitucional que no ocurría desde 1952.

En respuesta a preguntas, Woldenberg consideró necesario recuperar la idea de una acción colectiva parala a la construcción de reformas y de que México es la casa de todas y de todos, porque las características del pueblo mexicano no permitirán la consolidación de un modelo autoritario por lo que se debe reforzar el mensaje de pluralidad, máxime que el oficialismo solo tiene el 54% de los votos, contra el 46% en favor de la pluralidad.

Mientras que Guillermo Valdez, exdirector del Cisen, expuso cuáles deben ser las características de la estrategia de seguridad que si bien es una obligación del Estado mexicano debe involucrar a sociedad y gobierno para alcanzar eficacia con legalidad y legitimidad social.

Estrategia de seguridad

Valdez dijo que Somos MX debe proponer una Estrategia de Seguridad tomando en cuenta la situación de los últimos 30 años, cuya centralidad abarque desde el ladrón común hasta las grandes redes de criminalidad, y que para ser exitosa no debe ser politizada ni partidizada o utilizada como botín político analizando lo que haya dado buenos resultados y replicarlo.

Planteó enfocar medidas en lo local para construir instituciones y acciones como ha ocurrido con estado de La Laguna y aunque la Seguridad Pública es responsabilidad del Estado mexicano debe involucrar a la sociedad y los gobiernos para su diseño e implementación basada en tres métricas: eficacia, legalidad, legitimidad social.

Respondiendo interrogantes, el especialista dijo que el principal problema con la actual Estrategia oficial es el Pacto de Hegemonía Política a cambio de ocupación territorial es decir, que el oficialismo permite la operación criminal a cambio de que le garantice control territorial/electoral.

«El camino es pronunciarse públicamente para romper el Pacto. Se entiende la impotencia, pero hay que construir conciencia y organizar a las personas. Por eso las elecciones estatales son una oportunidad para romper el Pacto y garantizar la impartición de justicia”.

Valdez se pronunció por convocar a la firma de un Pacto por la Seguridad y por la Justicia para que las comunidades sean las directamente beneficiadas del verdadero ejercicio de la aplicación de las leyes y la seguridad. “Este Pacto debe ser un Pacto convocado a nivel nacional”.

Rechazó que la solución a la inseguridad en México sea pactar con criminales y se pronunció por impulsar acciones que permitan construir una mentalidad para lograr mejoramiento de la vida social a través de diversas acciones como lograr la eficacia y combatir la corrupción en los aparatos de justicia, desmilitarizar y reeducar a la Guardia Nacional cuyos integrantes son militares cuando debe de ser un cuerpo civil y atención acompañamiento a las victimas de la violencia y violaciones a DDHH.