Cambios a la estrategia o sólo al sistema de salud. La acumulación de más de 50,000 muertes por covid sin visos de contención expone las contradicciones oficiales sobre la estrategia y las parálisis del sistema de salud. El gobierno prepara un Plan “B” ante el impacto y duración de la crisis, que se propone profundizar la centralización y regulación de riesgos sanitarios en el área que ocupa López-Gatell. Las críticas de gobernadores al jefe de las operaciones contra la pandemia han tenido el efecto de reforzar su peso y reconocimiento dentro del gobierno como defensor de sus medidas y políticas.
El vocero de la estrategia desde que se declaró la emergencia hace cinco meses acumula “medallas” mientras más ataques recibe de la oposición y gobernadores. Hace apenas una semana nueve de ellos, de la Alianza Federalista, demandaban en carta abierta su renuncia y un cambio en la estrategia. Su papel de dar la cara y contener a los estados inconformes es valorado al interior de la 4T, sobre todo cuando repele críticas al gobierno de eventuales rivales hacia 2024, como Enrique Alfaro, de Jalisco. Los ataques no han hecho más que hacerlo crecer, aunque su poder no se debe a otra cosa que a la decisión de López Obrador de concentrar las funciones del Consejo de Salubridad General (CSG) y de la Secretaría en su persona. Ni más ni menos que un funcionario en el encargo, difícil de juzgar por cumplir órdenes o hablar con seguridad o parecer soberbio.
Más allá de la personalización del conflicto, el reforzamiento de Gatell responde a la lectura de oportunidad política de ahondar en la reforma del sistema de salud y cambiar sus reglas de funcionamiento con iniciativas, como desaparecer órganos regulatorios como la Conamed, trasladar el CSG al Insabi y la Cofepris a su despacho. Esta es la parte medular del plan “B” que se adelantó esta semana en Gobernación, aunque envuelta en la disposición al diálogo y modificar la operación del “semáforo” que reclaman urgidos de abrir sus economías. La señalización dejaría de ser obligatoria y sus valores se definirían en mesas de trabajo en el CSG, en un cambio que trasladaría la responsabilidad de los riesgos sanitarios a cada entidad. Por eso, el Presidente insiste en que no hay un cambio de estrategia y defiende sus resultados. Desde un principio el CSG declinó a funcionar como máxima autoridad sanitaria y los órganos regulatorios están desactivados. Ahora lo que harían las reformas al CSG sería formalizar la extinción de sus actuales funciones aunque el órgano nada tenga que ver con el Insabi, eliminar la Conamed y centralizar las autorizaciones y permiso de importación de medicinas en la oficina de Gatell.
Las reformas estructurales en Salud acompañarían la reciente ley de adquisiciones para la importación de medicinas sin licitación y, en su caso, la regulación de riesgos de medicinas o vacunas se confiaría al aval de organismos internacionales como la ONU o la OMS, a los que el gobierno ha dicho que acudirá para adquirir fármacos y abastecer al país. La reingeniería institucional al modo de la 4T tiene, sin embargo, sus bemoles legales por implicar reformas al artículo 73 constitucional, a la ley general de salud y al reglamento interior de Salud. El Presidente podría enviarlas como iniciativas preferentes al iniciar el periodo, aunque difícilmente servirán para recuperar la unidad y el consenso en la estrategia anticovid que reclama Olga Sánchez Cordero a los gobernadores, ni para mejorar la coordinación entre la federación y los estados.
El plan de romper la estructura regulatoria del sistema de salud volverá a encender la discrepancia con los gobernadores en su reunión con López Obrador el próximo 17 de agosto, que Gobernación parecía tratar de atenuar con ajustes a la estrategia de semaforización a los estados. El tema va mucho más allá de Gatell, aunque él o quien ocupe su subsecretaria resulten los más favorecidos. Pero, ¿el país también se verá beneficiado con esta deconstrucción en el sistema de salud? ¿Ayuda a los resultados contra la pandemia? ¿Es esto lo que se necesita? miles de infectados y las familias de 50,000 muertos, de entrada, esperan la respuesta.