NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El aterrizaje del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy forzado en el territorio indómito de los hechos, tras pasar una transición saturada de reformas heredadas. El choque con la realidad de grandes retos como la justicia y violencia extrema demuestra que, a pesar de su inmenso poder, tiene poco margen de tiempo para comenzar a dar resultados antes de que las circunstancias lo debiliten.
Pero declina comprometer tiempos para abatir la inseguridad, a sabiendas del costo que pagaron sus antecesores por promesas incumplidas y el fracaso de sus políticas contra el crimen. No hay métrica para el mayor objetivo de reducir los asesinatos y la extorsión más que en el número reducido de concentrarse en seis estados; a partir de la idea de “neutralizar” a los generadores de violencia y redes criminales con investigación e inteligencia. Tampoco hay horizonte para conocer el éxito o no de su Plan Nacional de Seguridad, que presentó en medio de una tundra de hechos violentos que hielan la sangre en su primer mes en el cargo. Como los científicos, elude promesas que entren al terreno de la fantasía, prefiere referirse a sus éxitos en la CDMX y soslayar gráficas de homicidios de otras entidades o 171 muertos de la narcoguerra en Sinaloa. Lo que no se puede medir, tampoco evaluar.
La reforma judicial acapara la agenda. Pero mientras los poderes institucionales debaten su constitucionalidad, implementación y viabilidad, el crimen organizado dicta sentencias de muerte que aterrorizan con crímenes macabros como el del alcalde de Chilpancingo, pero también en Guanajuato, el estado más violento, o el asesinato de migrantes en Chiapas a manos de militares. Desde el principio, las inercias del país salen a recibirla como la mayor oposición que encuentra su plan de seguridad, y que pronto pueden llevarlo al terreno de la imaginación o la ilusión, aunque quiera huir de ellas, cuando se constata el dominio del crimen, por ejemplo, en Guerrero.
La terrible decapitación del alcalde de Chilpancingo supera los límites conocidos de la violencia política del narco, sin reacción contundente a las claras omisiones del gobierno de Guerrero, más allá de plantear la atracción del caso por la FGR. Al tiempo que la reforma a la justicia avanza dando tumbos entre errores legales y la dificultad material de llevarla a cabo en los tiempos previstos. La colisión con la Corte por la revisión de la constitucionalidad de ley quita claridad a su marcha, aunque está decidida a salvarla al costo también de la certidumbre en su resultado. Una reforma a la reforma no la anula, dice.
El arranque de su gobierno con todo y control de Congreso parece en términos futbolísticos una aglomeración en el área de definición, donde los jugadores, agachados y agarrados, disputan el balón y, además, con la modificación de las reglas de juego a medio partido con la aprobación de leyes secundarias en materia judicial y electoral que cambian atribuciones del árbitro para organizar y conducir la elección de juzgadores por voto popular.
En esa melé no puede haber claridad para la justicia ni certidumbre para estrategias de seguridad contra los puntos “rojos” de la violencia o cambios en la justicia que tocan los cimientos de la procuración y pilares del sistema político, por más que la Presidenta decida minimizarlos o dejar de verlos, quizá con la idea de que mientras menos se hable o menor importancia se les otorgue, también menor será el peso del encuentro con la realidad del país.
Pero la seguridad y justicia son inseparables para reducir el delito, como reconoce uno de los cuatro pilares de su plan con la coordinación estrecha del gabinete de seguridad y la FGR y las estatales, de ahí pende el resultado de la principal apuesta de la estrategia para lograr que la investigación e inteligencia se traduzcan en carpetas de investigación. Aunque el legado de la reforma es otro choque frontal para sus estrategias, porque la reforma de justicia avanza contra o sin el Poder Judicial; las leyes secundarias, además, comprometen el marco electoral con cambios en la manera de funcionar del INE al calor de la organización de la elección de juzgadores.
Tanto las inercias como el plan B pueden atrapar a Sheinbaum en una realidad pantanosa que dificulte la marcha del arranque de su gobierno. Entonces, puede entenderse por qué prefiere mejor no obligarse con fechas… y resultados.