NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El escándalo por la ampliación a dos años más del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN bautiza en la suspicacia el nacimiento de la reforma al Poder Judicial. El objetivo de la ley es combatir el nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados, pero esa adición en un transitorio ha abierto la sospecha de que el gobierno busca intervenir en su autonomía o dejar precedentes reeleccionistas para otros cargos. Lo que es evidente es que la presión del Ejecutivo sobre la Judicatura ha acabado por contaminar no sólo el proceso legislativo, sino estándares democráticos por usarla para librar las batallas judiciales de sus proyectos.
La democracia es política pública sin engaños ni ocultamientos. Por eso, sorpresa, el albazo o el fast track en el Congreso no es buen comienzo para reorganizar el Poder Judicial, menos si en el sexenio ha sido espacio de confrontación en litigios sobre los principales proyectos del gobierno, como la cancelación del NAIM, la Ley Eléctrica o la ley de telefonía celular. Tampoco cabe sostener una reforma de esa trascendencia en un criterio subjetivo (político) por hacer recaer su eficacia en una persona (Zaldívar), como ha defendido López Obrador. Lo que es condicional en una ley sólo sirve a la alarma social y, por ello, en redes y analistas se percibe como agitar el fantasma de la reelección presidencial. No creo que vaya por ahí, pero crece la desconfianza y, por tanto, la sospecha que suele acompañar, eso sí, a las restauraciones autoritarias.
Desde su aprobación en el Senado, el argumento contra las críticas sobre su constitucionalidad fue el respaldo de una mayoría calificada del PRI, Verde, Morena y aliados como expresión legitimadora de la voluntad popular. Pero la adición del transitorio de último momento como una bola rápida a través de una reserva particular del Verde —con errores legislativos, sin publicarse en la Gaceta Parlamentaria— no hizo más que ahondar la desconfianza en una maniobra contra la prohibición del art. 97 constitucional sobre el plazo improrrogable del mandato del presidente de la Corte. Una disposición transitoria en una ley no puede ir más allá de la Constitución y menos justificarse con una apreciación sobre un sujeto, por “ejemplar” que se presente (Sheinbaum dixit), aunque la respalde el Senado.
Pero la sospecha tiene también la virtud de abrir el trasfondo político de la reforma. El gobierno ha hecho del Poder Judicial blanco de ataques como reducto de la derecha opositora y señalado a jueces como corruptos por conflictos de interés y componendas. Los ha exhibido como impartidores de justicia al servicio de grupos de interés. No son nuevas las denuncias de viejas prácticas en el Poder Judicial, como el reparto de cargos entre familias y partidos, junto con la respuesta de sus sentencias con favores a quienes los designan. El combate al nepotismo, tráfico de influencias y la corrupción es imprescindible para rescatar la autonomía del Poder Judicial, pero esos objetivos no se pueden alcanzar con las mismas maniobras legislativas que han permitido jueces a modo para que no interfirieran en proyectos de los gobiernos.
En la reforma constitucional del año pasado, como recuerda en un artículo en Reforma el senador de Morena Germán Martínez, el conflicto de interés de jueces y magistrados no se tocó, a pesar de ser el problema central de la corrupción en el Poder Judicial. Ahora también se expide la Ley de Carrera del Poder Judicial para tratar de revertir el viejo uso de cosechar sentencias con la siembra de nombramientos. Aunque lejos de ello, la decisión política sobre la ampliación a Zaldívar recupera añejas críticas a antiguos legisladores priistas y panistas, como Diego Fernández de Cevallos, de haber promovido reformas legislativas a favor de sus litigios.
La reforma y su transitorio seguramente saldrán del Congreso, a pesar de críticas como la de ser “patéticamente inconstitucional” del diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo o de las advertencias de Pablo Gómez de que la ampliación de Zaldívar “no podría transitar, aunque fuera aprobada y promulgada”. Ahora, el último recurso para ayudar a disolver sospechas lo tiene el beneficiario de la reforma, con la opción de Zaldívar de declinar su permanencia para evitar el epitafio de haber confundido la parcialidad del litigante con la serenidad del juez, como le sentenció Martínez Cáceres.