La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió tres medidas cautelares: dos solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del partido Morena en el marco del proceso de Revocación de Mandato, por la supuesta participación de diputadas y diputados, así como de personas funcionarias públicas en la recolección de firmas y la participación de funcionarias y funcionarios del gobierno de Guerrero y una más, solicitada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de un grupo de ciudadanas y ciudadanos por el probable uso indebido y posesión de datos del Padrón Electoral.
En el primer asunto, el PRD solicitó el cese a la participación de diputadas, diputados y personas servidoras públicas en la recolección de firmas, ya que, de forma previa a la emisión de la convocatoria respectiva, han desplegado acciones en todo el territorio nacional con la finalidad de presentar solicitudes para que se lleve a cabo el referido ejercicio, haciendo un presunto uso de recursos públicos.
Respecto al diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya resolvió la aplicación de medidas cautelares, así como de los funcionarios de Veracruz, Arturo Sosa Vázquez, Rocío Arcos Vergara y María Estefany Barrera Anzures, por su participación activa en la recolección de apoyos para dicho ejercicio, lo que está prohibido por la ley.
Advirtió que el diputado federal petista se debe abstener de cualquier actividad relacionada con los apoyos para la revocación. Además en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, se realice las acciones para dar de baja al legislador como auxiliar de la asociación civil Jóvenes Unidos Desarrollando Oaxaca, A.C. o de cualquier otro promovente que lo hubiere registrado con tal carácter, asimismo ordenó que los registros de firmas de apoyo captados por el funcionario mencionado sean catalogados como no válidos.
Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó el inicio de la revisión de las firmas en papel que han recibido para apoyar la revocación de mandato, para el que se hará una verificación a fondo de los datos que entreguen los promoventes.
El último corte oficial del órgano electoral reportaba que registraban un millón 225 mil 441 rúbricas a favor de dicho ejercicio, lo que equivale a 35.1 por ciento respecto de las firmas requeridas para emitir la convocatoria, que deben ser por lo menos dos millones 758 mil 227.
Córdova también compartió la explicación del director de Productos y Servicios Electorales de la DERFE, Alejandro Sosa, quien precisó que la verificación de los apoyos en papel incluye desde la revisión del formato hasta la visita domiciliaria.
A su vez, el consejero Ciro Murayama, dijo que en 10 días se concluye el plazo para la recolección de firmas, y luego de esto se entrará a la verificación de las rubricas.
Destacó que de las firmas que se han entregado, el 13 por ciento tienen inconsistencias.
El funcionario federal, apuntó que, si se cumple los dos millones 758 mil firmas, que representan el 3 por ciento del listado nominal nacional, y además provienen de 17 entidades federativas, en la cuales se represente también el 3 por ciento del listado nominal correspondiente a ese estado, entonces se realizará la consulta de revocación de mandato.