<< A quien cometa este delito se le aplicará una sanción de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
<< Asimismo, se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
Con 431 votos, legisladores federales avalan reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, precisa que comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
No se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
A quien cometa este delito se le aplicará una sanción de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia para la procedencia y continuidad de la suspensión condicional. Este delito se perseguirá de oficio.
Las penas previstas se aumentarán en una tercera parte cuando el delito se cometa en cualquiera de las siguientes circunstancias: con violencia física, psicológica o moral; por dos o más personas, en un lugar despoblado, solitario o poco accesible; cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de confianza, sentimental, de parentesco por consanguinidad o afinidad, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa.
Asimismo, cuando se realice por persona que tenga a la víctima bajo su responsabilidad la custodia, guarda, tutela, cuidado o dependencia económica; cuando se realice por persona servidora pública aprovechando su empleo, cargo o comisión. En este caso, además de la pena de prisión, la persona agresora será destituida del cargo, empleo o comisión e inhabilitada para el ejercicio de servicio público por un plazo igual al de la pena privativa de la libertad sin perjuicio de otras sanciones administrativas o civiles que correspondan.
Además, cuando se lleve a cabo por profesionista aprovechando su empleo, cargo o comisión. En este caso, además de la pena de prisión, la persona agresora será inhabilitada para el ejercicio de la profesión por un plazo igual al de la pena privativa de la libertad sin perjuicio de otras sanciones administrativas o civiles; cuando se realice por ministro de culto aprovechando su cargo, función o comisión.
Igualmente, cuando la víctima se encuentre bajo los efectos de alcohol, fármacos, narcóticos u otras sustancias que afecten su voluntad o discernimiento; cuando la víctima se encuentre en estado de embarazo o puerperio, se cometa contra personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.
Adicional a las sanciones establecidas, se impondrá al sujeto activo el cumplimiento de la reparación integral del daño, que deberá incluir, entre otras medidas establecidas en la Ley General de Víctimas, la atención psicológica especializada para la víctima, hasta su total recuperación.
El dictamen añade que la reforma fortalece la coherencia del marco jurídico vigente y contribuye a una aplicación más eficaz y justa del derecho penal en materia de delitos sexuales. La nueva tipificación del delito resulta más completa y clara. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
La propuesta –subraya– avanza hacia una mayor proporcionalidad de las penas para el delito de abuso sexual. Los talleres reeducativos con perspectiva de género constituyen una medida de seguridad adecuada para buscar la no repetición del delito de abuso sexual, que no constituye un doble castigo y que además resulta coincidente con el marco jurídico vigente.
Puntualiza que la nueva configuración de agravantes abona a la mejor aplicación del delito y se centra en particular en proteger a las personas más vulnerables en este tipo de delitos. Adicionalmente, al agrupar en un solo artículo todas las agravantes, se facilita su interpretación jurídica.