Se acabaron las mascarillas obligatorias en el interior y no poder abrazar a los amigos. Inglaterra levanta este lunes las restricciones contra el covid-19, pero ante la disparada de contagios por la variante Delta, su “freedom day” (Día de la Libertad) está marcado por llamados a la prudencia.
“Creemos que ahora es el momento adecuado para proceder, cuando tenemos el cortafuegos natural” del verano, con las escuelas cerradas y la gente reuniéndose al aire libre, explicó el primer ministro Boris Johnson al confirmar el fin de la mayoría de imposiciones legales por la pandemia.
Uno de los países europeos más castigados por el coronavirus, con 128.500 muertos, el Reino Unido ha visto su economía duramente golpeada por los sucesivos confinamientos, con una caída de casi 10% del PIB en 2020. Y el Estado ha gastado más de 400.000 millones de libras (554.000 millones de dólares) para amortiguar el golpe, a costa de un déficit público récord.
Ante la creciente presión de una parte de su Partido Conservador, el gobierno decidió la reapertura total apoyándose en su exitosa campaña de vacunación: dos tercios de los 55 millones de adultos recibieron ya dos dosis y las vacunas se han mostrado eficaces contra el grueso de hospitalizaciones y muertes.
Así, en la última etapa de un largo y lento desconfinamiento iniciado en marzo, se levantará la consigna del teletrabajo, podrán reabrir los locales de ocio nocturno, y los teatros y estadios recibirán aforo completo.
También dejarán de ser obligatorias las mascarillas en lugares cerrados y el distanciamiento social, decisiones criticadas por destacados expertos en un momento en que los nuevos casos por la más contagiosa variante Delta del coronavirus rozan los 50.000 al día y amenaza con llegar a 100.000 este verano.
Esta “estrategia de infección masiva corre el riesgo de socavar los esfuerzos de control de la pandemia no sólo en el Reino Unido, sino también en otros países”, advirtió el viernes un grupo de científicos entre quienes figuran Walter Ricciardi y Michael Baker, que asesoran a los ministerios de sanidad de Italia y Nueva Zelanda, señalando el riesgo de desarrollo de nuevas variantes resistentes a las vacunas.
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