• Se confirma dolo del titular de la FEPADE: JSS
Cecilia Hdez. y Adriana Noriega R.
Para el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, la decisión del juez de distrito que negó la orden de aprehensión contra de Arturo Escobar y Vega es preocupante y sienta un precedente ominoso.
“Es preocupante lo que ha pasado en los últimos días y particularmente la decisión de un juez, el día de ayer, en relación con la petición de una orden de aprehensión contra el ex subsecretario de Gobernación, (Arturo) Escobar (y Vega)”. Se está asentando un precedente, yo diría ominoso, en nuestra vida institucional”.
El experimentado político, recordó que, cuando fue electo para ese cargo, el titular de la Fepade no informó que trabajaba como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado y lo acusó de conflicto de interés.
Aseveró que “ahora que se vienen, en el 2016, procesos electorales en cerca de la mitad de los estados de la República ¿Ya quieren incapacitar a la Fepade? para que ante la posible comisión de delitos y de irregularidades en materia electoral ya no pueda actuar”.
Zambrano Grijalva, señaló “en el caso particular nuestro, y mío en particular, el titular de la Fepade no puede ser motivo de ninguna reconvención y más bien es sujeto de una ola de descalificaciones para tratar de mermar su autoridad”.
El legislador, consideró como peligroso que se descalifiquen e inhiban a las instituciones del país, en este caso concreto a los organismos electorales, a que actúen con temor, “pues prácticamente sujetos al riesgo de que puedan ser hasta amenazados con la destitución si toman una decisión que no le gusta al partido mayoritario”.
Por su parte, el líder parlamentario de Encuentro Social, Dip. Alejandro González Murillo, lamentó que el caso de convierta “en una cacería de brujas porque ya van por dos más. Entonces yo lo veo como un tema político; y sin duda hay que revisar en que incurrió Escobar”. Al tiempo que pidió confiar en las autoridades judiciales, “hoy no podemos decir que no hay un castigo y sí debe de haber un castigo cuando se haya incurrido en alguna anomalía”.
A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma manifestó su satisfacción por la decisión del juez, pues con ello se confirma “la mala fe y el dolo por parte del Fiscal de la FEPADE, al omitir su afiliación partidista al momento de presentarse al Senado de la República para su ratificación”.
Contrariamente, el coordinador del PAN Marko Cortés arremetió contra la juez rosamaría cervantes escogió un mal día para la exoneración en el día internacional contra la corrupción, al degradar el sistema judicial en México, “es y una pena y lo reprochamos# al mismo tiempo exhorto a la FEPADE que recurra a la apelación ante la suprema corte de justicia de la Nación.
Se cuestionó sobre quien es entonces el responsable de la coacción del voto que hizo el PVEM en el pasado proceso electoral con el reparto de mochilas, vales de cine, tarjeta chedraui entre otros métodos para comprar el voto.
“No podemos dejar que en México se vulnere el sistema de justicia, que no se deje presionar por el PRI, por el Gobierno, la FEPADE ha hecho su parte, la PGR ha hecho su parte no se puede dejar presionar por personajes de la política y no estamos de acuerdo que el pri gobierno este anteponiendo sus alianzas 2016 a cambio de la impunidad”.
Y exigió que en este caso se revise la actuación de la juez ya que es una clara muestra de degradación del sistema de justicia.
Recordar que en noviembre pasado, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, informó que se solicitó una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, del PVEM, por delitos electorales en los comicios de junio pasado, pero la negó un juez de distrito.
Escobar y Vega renunció a su cargo como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y posteriormente el PVEM presentó una denuncia contra Nieto Castillo ante la Procuraduría General de la República (PGR) por violar el debido proceso al hacerlo público.