Es lo que se acordó en la última sesión de la Comisión Política Permanente (CPP). El pleno de la misma avaló un punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que exhiba la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, Benito Juárez, Quintana Roo.
El exhorto que presentó la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones; y, Obras Públicas, tiene el propósito de que se detalle cuáles han sido las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre de la región.
Durante la discusión del tema, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) se pronunció a favor de avalar este punto de acuerdo, ya que es necesario conocer qué fue lo que pasó, qué autorizaron, hasta dónde llegó su intervención o sus omisiones, y con ello buscar la estrategia para que la Cámara de Diputados y el Senado de la República cumplan con el principio de solidaridad y deje a las generaciones futuras un mejor mundo.
Subrayó que los sucesos de Quintana Roo contradicen la tendencia mundial respecto al resolver el problema sobre el calentamiento global; pero sobre todo, es un atentado contra el principio de solidaridad vertical o lineal, la cual “obliga a los que estamos presentes a entregar en las mejores condiciones a las generaciones futuras”.
Por su parte, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (MORENA) manifestó que su fracción se opone a este ecocidio y apoya cada una de las medidas, que se encaminen a detener la devastación del malecón de Tajamar.
Agregó que es de asombrarse e indignarse la irracional destrucción, en la cual participaron funcionarios en instituciones locales y federales, desde el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, esta última institución federal, autora material del ecocidio.
“A esta fecha, los funcionarios federales tratan de justificar su actuación, alegando que la reforma a la Ley General de Vida Silvestre actualmente, que adiciona el artículo 60 Ter, protege a los manglares y fue promulgada con fecha posterior a que se dieran los permisos por parte de la Semarnat”.
En tanto, el diputado panista, Juan Pablo Piña Kurczyn, urgió al gobierno federal a tomar las medidas necesarias para detener de manera inmediata el daño ambiental al manglar de Tajamar. “El ejercicio del poder público trae aparejada una gran responsabilidad de tener el valor de hacer lo correcto, cosa que no siempre sucede. Desde aquí exigimos a los servidores públicos que cumplan con su obligación constitucional de respetar los derechos humanos”.
Refirió que existen recursos legales para detener este ecocidio sin tener que pagar indemnizaciones millonarias, como por ejemplo el juicio de lesividad, argumentando que la manifestación de impacto ambiental se trata de un derecho precario; es la figura jurídica que los tribunales mexicanos resumen como aquella que tiene una vigencia y se adapta a las necesidades colectivas imperantes en diferentes condiciones y tiempos.
Finalmente, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) reprobó cualquier acción que vulnere nuestro entorno y que ponga en peligro los recursos naturales; por ello coincidió en que es fundamental que la Semarnat brinde la información necesaria y pormenorizada, para que con esta información el Congreso tenga los elementos para asumir una posición objetiva, responsable y determinar con mucha solvencia las acciones legislativas que se tomarán al respecto.
“Todos sabemos que puede haber diversas aristas desde el punto de vista jurídico, eso es innegable. Nosotros confiamos plenamente y pedimos, con acento a las autoridades correspondientes, que determinen si existen responsabilidades administrativas y, en su caso, definan también las sanciones correspondientes”.