Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que su bancada está a favor de la iniciativa de reforma constitucional en materia de extorsión, aunque advirtió sobre diversos riesgos si no se plantean adecuadamente los transitorios y de no tener un esbozo de una futura ley secundaria.
En el marco de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se discute dicha iniciativa, el líder parlamentario indicó que, si bien apoyan la reforma constitucional, las preocupaciones giran en torno a la redacción de los artículos transitorios, que deberán establecer los principios de una futura ley secundaria o ley general.
Así como, el presupuesto, la coordinación entre autoridades federales y estatales, y el marco punitivo, especialmente en lo relativo a la gradualidad de las sanciones.
“Nosotros vamos a estar a favor, pero queremos hacer algunos planteamientos (…) porque cualquier reforma importante que se precie de este tipo viene acompañada del esbozo de lo que pueda ser la ley secundaria. En la exposición de motivos hay serias deficiencias, no se dice que una buena parte del flagelo de la extorsión es producto de que el crimen domina inmensos territorios del país, y que la solución de la extorsión tendría que también generarse por la captura de los grandes generadores de violencia”.
Expresó su preocupación por el “populismo punitivo”, es decir, la aplicación de sanciones similares en todo el país, sin considerar las condiciones particulares de cada entidad. “Yucatán vive una condición muy distinta a Michoacán, y el derecho penal tiene un aspecto no solamente coercitivo, también de prevención, entonces no se puede escalar punitivamente las sanciones”.
Asimismo, manifestó su inquietud por la falta de presupuesto para dicha reforma, que algunos gobernadores se vuelven “holgazanes” y que buscan sabotear el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al no colaborar con la Federación, cuando las facultades se comparten.
Por ejemplo, mencionó los casos de los gobernadores de Michoacán, Puebla o Tamaulipas, “que se han vuelto holgazanes, en términos de políticas públicas y de acciones de gobierno”.
En ese sentido, Moreira Valdez dijo que si Morena y sus aliados quieren legislar para hacer una ley general, se tienen que tomar muchas consideraciones, por ejemplo, “escuchar a las entidades federativas, escuchar a los fiscales de todo el país, escuchar a los académicos, que venga aquí el señor secretario de seguridad para que nos diga qué se requiere en esa ley general, que podamos reflexionar sobre esta parte de evitar el populismo punitivo, tan propio de gobiernos neoliberales como el de Morena”.
Por otra parte, sobre la integración de una comisión para elaborar una propuesta de reforma electoral con Pablo Gómez Álvarez al frente, Moreira Valdez explicó que el decreto dice que la encabezaría la presidenta Caudia Sheinbaum Pardo y que tendrá un presidente ejecutivo que será un servidor público, sin embargo, éste no lo es.
“Sólo que lo nombre servidor público, porque por esa comisión no pagan, pero así dice eso. Ahora, es increíble que en 48 años sea la primera vez que una reforma electoral no nazca de la sociedad o de las oposiciones y que venga del gobierno”, sin diálogo ni inclusión real, expuso.
Criticó que el oficialismo pretenda justificar decisiones ya tomadas con encuestas que, a su juicio, carecen de sustento informativo real. “Las encuestas, si no hay información suficiente, si no hay un interés en la población, son instrumentos demagógicos para tomar decisiones”.
Indicó que su grupo parlamentario está dispuesto a apoyar reformas por el bien del país, pero nunca entregará “cheques en blanco” a Morena; “no vamos a ser abyectos”.