El gobierno ha anunciado el esperado golpe de timón en la política económica mexicana. Del superávit primario de .75% del PIB para el año actual, se anuncia ahora que no habrá superávit sino déficit primario, o sea, el gasto programable será mayor al ingreso total y, por tanto, tendremos cada año más deuda.
El superávit primario reduce el gasto programable con el fin de limitar el incremento de la deuda. Su monto es un dinero que no regresa a la sociedad. Es una respuesta forzada para evitar una crisis de endeudamiento. Pero, por otra parte, se frena el crecimiento económico cuando éste es deficiente o negativo.
La cautela del nuevo gobierno se expresó en conservar el superávit primario durante el año 2019 (1% del PIB), aunque reduciéndolo luego en una tercera parte. Pero al aprobarse el Presupuesto para 2020 ya se estaba notando que no iba a ser posible mantenerlo. Cuando la economía no crece, cualquier gobierno debe redoblar esfuerzos para impulsar la inversión, lo cual se logra, en parte, con el uso del endeudamiento público, siempre que los recursos adicionales se utilicen correctamente en fines productivos.
Con la crisis mundial del coronavirus ya no tenía sentido seguir discutiendo sobre este punto, pues el producto tendrá en 2020 un menor valor en dos millones de millones de pesos, en el mejor escenario. Ahora lo más relevante es el cálculo del déficit público y su costo. El gobierno estima que va a requerir financiamiento por casi cuatro puntos del PIB con una tasa nominal muy alta de 6.30, 3% en términos reales. Los intereses del débito gubernamental mexicano siguen siendo demasiado altos.
En la caída de la producción mundial (quizá -2%), México se encuentra en un mayor problema porque tuvo estancamiento en 2019. El reto ha de ser, sin embargo, la velocidad con la que se pueda recuperar la disminución del presente año. En cuanto más pronto se reanuden el trabajo y el comercio, más rápidamente será posible canalizar fuertes inversiones públicas, luego de pagar el enorme gasto social de la pandemia, el cual también estará en la cuenta del déficit. El otro factor es meramente externo: la capacidad de recuperación de la economía de Estados Unidos, donde ya se autorizó para la emergencia sanitaria un nuevo débito por dos millones de millones, pero de dólares.
En consecuencia, no es suficiente abandonar la política del superávit primario sino que se requiere asumir la política de la inversión pública, el aumento del crédito disponible y el fomento de nuevos proyectos productivos.
Si antes no era factible la reforma fiscal por motivos meramente políticos, ahora ya tampoco lo es por razones económicas. Si se tiene una retracción de inversiones, mejor no hay que aumentar los impuestos a los ricos sino buscar bajarlos a los pobres, siempre que sea posible.
Para que una economía crezca se requiere la ampliación del campo de las inversiones. Puede haber mucho capital-dinero acumulado en los mecanismos financieros pero poco útil en la economía real. Así ocurre en México porque dicho campo se ha restringido debido a dos factores principales: las ganancias fáciles se hicieron un poco difíciles y los capitalistas no le tienen la menor confianza al gobierno de López Obrador porque éste no les representa. A esto hay que añadir el bajo crecimiento industrial en Estados Unidos.
Para que la inversión privada se pueda expandir se requiere que el gobierno canalice enormes sumas al gasto, especialmente en infraestructura y en producción directa. Esto requiere proyectos maduros, muchos de los cuales ya existen. Si con unos 400 mil millones de pesos al año se formara un fondo de inversiones sobre proyectos de carácter local y se administrara directamente por el gobierno federal a través de la Presidencia, se podría ayudar a “soltar el gasto”, como se dice en la jerga. Hay que recuperar 2 billones, al menos, perdidos en la pandemia. Por ende, hay prisa.
Esto es tanto más importante cuando los llamados “megaproyectos” ni son “megas” ni van rápido, como se necesita. El “elefante reumático” ya no puede ser una explicación luego de más un año de gobierno nuevo. La maquinaria del Estado debe ponerse en sintonía con las desgracias nacionales que son muchas y graves.
Si como consecuencia de la crisis mundial y de la desaceleración de México que venía desde el año pasado, no se toman decisiones rápidas y bien dirigidas, el rezago de la economía ya no será el del “elefante” sino algo mucho peor.
Ya cambió la política económica del gobierno. Ahora hay que hacer una nueva política administrativa.