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El diputado morenista Iran Santiago Manuel, impulsa una iniciativa para que el Fondo Nacional de la Vivienda establezca un sistema de vivienda con orientación social que permita a las personas trabajadoras renegociar su crédito al cubrir el 80 por ciento del mismo y, con ello, poder finiquitar el préstamo.

Lo anterior, sin duplicar o triplicar el valor del bien, en los términos que establezca la ley para brindar seguridad y confianza a las personas trabajadoras del Estado.

La iniciativa que reforma el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, también pide cambiar el primer párrafo de este inciso para sustituir el término trabajadores por el de personas trabajadoras, así como eliminar la palabra habitaciones por viviendas, y agrega como características que sean cómodas e higiénicas. Asimismo, señala que podrán ser nuevas o usadas.

Argumenta que la vivienda es un pilar de desarrollo económico y social de México, un bien fundamental para la sobrevivencia, protección, patrimonio y bienestar de los individuos y la familia, por lo que contar con una casa accesible, digna, de calidad, que brinde seguridad y tenga todos los servicios apropiados, dan certeza en su adquisición.

Refiere que existe una política de vivienda que prioriza a los grupos más vulnerables porque es un derecho no un producto comercial, y es un factor importante en la reducción de la brecha de desigualdad, por lo que debe abordarse “como un fenómeno multifacético que requiere una atención integral desde la perspectiva política, social y económica”.

Refiere que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en más de 10 años la demanda de una vivienda se ha reducido considerablemente. “El aumento de los precios de la vivienda influye para que las y los ciudadanos no adquieran una o continúen pagándola”.

Afirma que, por el aumento en el precio de la vivienda, en México no se garantiza el derecho de todas las personas a contar con una y que, según el Fondo Monetario Internacional, es el segundo país a nivel mundial con precios más elevados, sólo detrás de Emiratos Árabes Unidos.

Indica que el encarecimiento de la vivienda se explica como una medida para controlar la inflación, que impacta el mercado inmobiliario, pues al elevar el costo de los materiales de construcción, aumentan los intereses hipotecarios.

Señala que el Fovissste tiene la responsabilidad de otorgar créditos para vivienda a las personas que trabajan en el sector público, que se sobreendeudan con una pequeña casa que duplica o cuadruplica su costo. “Observan cómo, año con año, aumenta la deuda por los préstamos que contrataron para comprar una pequeña casa y, al final, es más elevado el precio que pagaron que el valor de la misma, porque se sufre una actualización perniciosa sobre el capital”.

Agrega que hay casos en que, aún después de haber cubierto 80 o 90 por ciento del préstamo, los deudores no tienen las escrituras de su casa, lo que conlleva un nivel de incertidumbre. Por ello, expresa que, si se establece un sistema que permita avanzar en el proceso de escrituración antes de pagar todo el crédito, las y los trabajadores tendrán mayor certeza y confianza.