El legislador del Grupo Parlamentario de Morena, César Agustín Hernández Pérez, presentó una iniciativa con la finalidad de endurecer las sanciones por actos de corrupción, a través de reformar diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al fundamentar su propuesta, señaló que México debe de fortalecer su Sistema Nacional Anticorrupción, ya que “hoy en día la corrupción más allá de un asunto individual ha pasado a ser un tema estructural”.
Hernández Pérez manifestó que el gobierno saliente ha dejado a su paso escándalos de corrupción, violencia e impunidad; por lo que hizo un llamado para que se legisle con el fin de acabar con las actividades ilícitas que afectan gravemente al país.
En ese sentido, el diputado propuso adicionar como una sanción administrativa la inhabilitación permanente para aquellos casos en que el monto de la afectación sea mayor a 205 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización.
Para el caso de los servidores públicos, añadió, la inhabilitación permanente consistirá en la prohibición para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
El diputado federal detalló que dicha sanción también será aplicada por faltas de particulares, ya sean personas físicas o morales, con lo que se unen servidores públicos para realizar actos de corrupción.
“Consistirá en una negativa rotunda para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en tanto que, tratándose de personas morales, éstas y sus socios tampoco podrán participar en actos de representación o vigilancia”, indicó.
Lo anterior, con la finalidad de evitar que las personas físicas corruptas cambien el nombre de la persona moral, su razón social que en su momento han constituido en el interés de continuar actuando ilícitamente.
En un segundo término, planteó introducir la figura de la prevaricación judicial en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que el dictado de resoluciones injustas y contrarias a la ley abonan al hundimiento y retroceso del país.
“Considerada en el Código Penal como uno de los delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, se busca incluirlo formalmente como una falta administrativa grave”, sentenció.
Agustín Hernández remarcó que la corrupción de jueces, magistrados o ministros constituye una flagrante traición al estado de derecho, además de ser una violación a los derechos humanos.