• Se propone elevar a rango Constitucional el límite de contrataciones a través de adjudicaciones directas y a su vez en las leyes reglamentarias de la materia, esto para cerrar espacios y limitar el uso indiscriminado de esta figura.
• Durante los tres años de este gobierno se han asignado 80% por ciento de contratos se han asignado en forma directa, muy por arriba de lo estipulado en las leyes vigentes: Dip. Héctor Saúl Téllez.
Con el objeto de evitar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos y reducir el porcentaje de contratos de adjudicación directa por parte del gobierno federal, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentaron una Iniciativa de reforma para elevar a rango Constitucional el límite de contrataciones por adjudicación directa para cerrar espacios y limitar el uso indiscriminado de esta figura.
Al presentar la propuesta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Art. 134 Constitucional y se reforman y adicionan distintas disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público; y de Obras Públicas, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, recordó que contrario a la promesa del presidente para disminuir el número de contratos de adjudicación directa; a tres años de su gobierno ocho de cada diez contratos han sido bajo esta modalidad.
“El 80 por ciento de los contratos del gobierno se entregan en lo oscurito, en cortito, a privilegiados. Es de destacar, además, que el porcentaje de los montos de dichas adjudicaciones se mantiene muy por arriba de los límites marcados en las propias leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas”, aseveró.
Abundó que durante los tres años de esta administración, el promedio del monto de las adjudicaciones se eleva hasta el 41 por ciento del presupuesto federal asignado a las dependencias contratantes.
Los ejemplos insultantes
El diputado panista dijo que para hacer memoria y dimensionar la gravedad del elevado número de contratos por asignación directa, citó los siguientes ejemplos:
1.- El escandaloso contrato para la compra de ventiladores respiratorios nada más y nada menos que a la empresa del hijo de Manuel Bartlett por un monto de 31 millones de pesos.
2.- La compra a través de un proceso irregular por parte del Banco del Bienestar de un software que al final resultó inexistente y que tuvo un costo de 64.5 millones de pesos.
3- Los casi 800 millones de pesos que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), otorgó a través de adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU.
4- En PEMEX para la refinería de Dos Bocas, los cinco contratos más grandes fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones, con una suma de 49 mil millones de pesos para la Refinería de Dos Bocas.
5.- El Tren Maya, una obra plagada de inconsistencias, en el que trasciende que al día de hoy de los 102 contratos firmados, 45 han sido mediante adjudicación directa, lo que significa que un 44 por ciento de las obras le fueron asignados a un grupo selecto de proveedores.
Téllez Hernández recordó que para justificar el abuso de la asignación de contratos de adjudicación directa, el presidente ha encargado las obras insignia de su gobierno a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para evitar proporcionar información bajo el argumento de seguridad nacional.
“Ha sido tal el abuso y la opacidad, que el Presidente López emitió su famoso Decretazo en el cual dolosamente se establece que todos los proyectos de infraestructura a cargo del gobierno federal serían catalogados como seguridad nacional, fomentando así la contratación sin respetar la Ley, todo por la vía directa, sin licitar y sin concursar”, sentenció.
Por todo lo anterior, se propone elevar a rango Constitucional el límite de contrataciones a través de adjudicaciones directas y a su vez en las leyes reglamentarias de la materia, esto para cerrar espacios y limitar el uso indiscriminado de esta figura, interponiendo y fortaleciendo a la licitación pública como el principal procedimiento de contratación pública, en términos y en respeto de nuestra Carta Magna.