NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La agenda nacional viaja en el Congreso a la deriva dentro del rejuego de la sucesión como ocurría en el viejo régimen, aunque sea un remedo de otros tiempos cuando era piedra de toque del futuro del siguiente sexenio. Nostalgia o mero continuismo, en los hechos, las cábalas sucesorias relegan la respuesta a la crisis de justicia como si lo importante otra vez fuera sólo el nombre del elegido del que deberá venir la solución de los problemas internos o quien nos librará de un daño inminente ante la amenaza del fin del TLC. Revival político o prueba de la vigencia del providencialismo.
Con la aprobación del Presupuesto 2018, ahí sí por acuerdo de amplia mayoría, entra el ocaso del periodo y seguramente de la Legislatura, aunque los pendientes de instituciones disfuncionales o nombramientos clave en ellas se apilan en el Congreso sin consensos. La lucha de la sucesión no ofrece incentivos, a pesar de ahondar el costo de la incertidumbre para todos. Mientras, en el entorno presidencial se aplaude el manejo del suspenso en el “destape” por permitir al PRI ganar la agenda y poner a girar la conservación nacional alrededor del elegido.
La expectación impaciente y ansiosa por el desarrollo de una competencia soterrada y sin reglas lleva a hablar constante y casi familiarmente de cuatro o cinco aspirantes priistas, lo que ayuda al PRI a reposicionarse en los sondeos. La estrategia tiene sentido, no por la trascendencia que el “destape” tuvo en el autoritarismo para designar al próximo Presidente, sino como marketing electoral para ayudar a un candidato que buscará retener el poder desde el tercer lugar en las encuestas. Es decir, ya sólo se trata de la audacia de alimentar el viejo providencialismo para crear expectativas electorales, mientras las reformas institucionales se abandonan al “no pasa nada” o se dejan en la misma ruta del debate sobre el riesgo del eventual colapso del TLC.
Poco importa si la estrategia de “suspenso” sucesorio tiene costos altos para sacar adelante la agenda nacional o para responder a la situación de emergencia por los sismos. Tampoco el creciente malestar de los damnificados, que han comenzado a organizarse para reclamar la falta de ayuda oficial y la lentitud de la respuesta. Los pendientes del Congreso están subsumidos en el rejuego sucesorio tanto del PRI como de las tribulaciones del Frente Ciudadano (PRD, PAN y MC) para definir el método de elección del candidato presidencial o de Morena para evitar rupturas internas en la designación de aspirantes. Las prioridades electorales dejan en segundo término iniciativas como la reforma de las policías, la reglamentación de gobiernos de coalición, la eliminación del fuero y la arquitectura legal de la futura Fiscalía General de la República.
Las inercias electorales arrastran la exigencia de soluciones a la crisis de justicia y dejan a la deriva reformas para la gobernabilidad como la regulación de las coaliciones de gobierno, a pesar de que serán imprescindibles para cualquier vencedor en las urnas con menos de 30% de los votos. Así, relegar la agenda política no es un rejuego intrascendente si, como vemos, el info-entretenimiento electoral añade incertidumbre a la crisis de justicia o resta certeza al relevo en el Banxico, la ASF o del fiscal Anticorrupción.
Muy grave resulta también que mientras la discusión pública se centra en las candidaturas, los recursos para la construcción de vivienda de los damnificados sean inciertos y la ejecución de las obras muy lentas. Los partidos parecen lograr acuerdos sólo en el presupuesto como otra comprobación más del ocaso del sistema de instituciones, que únicamente es capaz de proveer consensos cuando está en juego el reparto de los fondos entre el poder público. Por eso, ahora el Congreso puede tomar un largo puente… ¿hasta finales de 2018?