A 15 años de las primeras denuncias en México por colaboración con el Cártel de Sinaloa contra García Luna, el zar antidrogas del gobierno de Calderón llegó a la silla de los acusados…, pero en EU. El hecho supone una victoria para la justicia norteamericana y la oportunidad de administrarla bajo sus normas sobre delitos internacionales de que se le acusa, como narcotráfico y delincuencia organizada. Mientras que, para nosotros, es el reconocimiento del desastre del Poder Judicial contra la impunidad de redes del narcotráfico en el país.
La relevancia de que su caso llegara a una Corte de Nueva York es una mezcla de alivio, expectativas y resignación. Se asume como parte de la percepción de que el abocado a impartir justicia sobre el narcotráfico en México es EU y apoya la idea de que los capos no pueden juzgarse aquí o se escapan. El gobierno de la 4T pudo cazarlo en su primer año, cuando la UIF lo investigó por corrupción política. Mucho antes también Calderón, que tuvo denuncias de vínculos con el narco como secretario de Seguridad Pública, aunque lo niega.
Ninguno le entró a un “toro” que podría desestabilizar la justicia y, por ello, mejor que lo procesen allá. Pero, al mismo tiempo, se espera, como un regalo divino, que se revelen las redes de complicidad del crimen organizado con actores políticos y económicos de los últimos cuatro gobiernos, especialmente el de Calderón, con el que lideró la “guerra contra las drogas” hasta ser uno de los hombres más poderosos del país. Al presidente López Obrador le queda confiar en que el juicio “no sea un fiasco”, como dijo, y alcance a su enemigo.
¿Qué esperar del proceso? Tras su detención en 2019 en EU, el juicio parece una continuación del “histórico” contra El Chapo, en la misma Corte y con el mismo juez que dictó cadena perpetua al exlíder del Cártel del Pacífico. Sobre todo, como otra oportunidad para destapar, de una vez, la cloaca de las estructuras político-policiales del negocio de la droga con Fox, Calderón y Peña Nieto, los involucrados en corrupción y sobornos, y hasta qué funcionarios y agentes estadunidenses sean llamados a declarar.
Es decir, la expectativa de que suceda todo lo que aquí no se ha podido hacer contra toda acusación, pista y evidencia. Que otros resuelvan lo que niega la justicia o accede a dar por la vuelta de tuercas de EU. La justicia allá podrá colgarse la medalla de procesar al funcionario mexicano de mayor rango en la historia, pero parece remoto que las complejas estructuras penales y eslabones de su sistema de justicia apunten a operaciones limpieza que alcancen a Calderón por proteger a uno de los hombres más cercanos de su equipo.
La amenaza real para el expresidente depende del grado de menciones en su contra. Primero, del propio García Luna si se declarara culpable e inculpa a su exjefe para reducir su pena, como parte de una negociación que, sin embargo, rechaza o no le han ofrecido, lo que daría pistas de que en EU no hay interés de escalar el proceso. O también por las acusaciones de testigos protegidos que presentará la fiscalía entre narcotraficantes y exfuncionarios policiacos mexicanos que, desde 2008, fueron los primeros en denunciar la colaboración de García Luna con los cárteles de la droga. Aunque se trata del testimonio de criminales confesos.
Por eso la defensa pugna por desecharlos, alegando que podrían declarar cualquier cosa para rebajar condenas. Mientras que la fiscalía pide excluir los elogios que recibió García Luna de altos funcionarios y políticos estadunidenses. Estas peticiones corresponden a un diseño que centra el proceso en él y no en sus redes de complicidad, lo que permitiría evitar que se convierta en un maxiproceso contra el narcotráfico en México y EU.
Las dos exigencias apuntan a la manera de reducir los alegatos y circunscribirlos a hechos concretos imputables a García Luna por los tres delitos de que se le acusa, narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad en declaración. Pero no de informaciones sensibles que indaguen en el contexto y las complicidades que le permitieron cometer los actos ilícitos ni imputaciones a otras personas, aunque la fiscalía sostenga que colaboró con el Cártel del Pacífico casi dos décadas sin quererse preguntar cómo pudo hacer este trabajo solo.