ESTIRA Y AFLOJA
Respuestas. Las escuelas privadas sí deben devolver las cuotas de reinscripción; Profeco ya dictaminó a favor de un demandante y analiza otras quejas relacionadas. Sergio Pimentel, comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), me explicó por qué decidió ejercer una demanda civil contra el Colegio Kuruwi de Jardines del Pedregal.
“Mis dos hijos estudiaban ahí desde hace por lo menos siete años, desde preescolar. A raíz de la suspensión de clases, provocada por la pandemia, los cursos en línea duraron solo 45 minutos por día y la cantidad de ‘trabajo en casa’ a cargo de los niños se volvió, por momentos, inmanejable; los papás nos constituimos, en buena medida, en sus maestros. Lo comunicamos a la escuela y su respuesta fue equivalente a: ‘es lo que hay, los niños deben poder hacer lo que se les pide’. Básicamente por eso, porque lo que se pagaba de colegiatura (poco más de 12 mil pesos por alumno al mes) no correspondía con lo que se obtenía, y porque afortunadamente existen muchas escuelas en la ciudad, es que decidimos cambiarlos”.
El abogado sabía que la prestación de servicios educativos a cargo de escuelas particulares es una actividad regulada por el Estado bajo el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1992 por la entonces Secofi, hoy Secretaría de Economía, aún vigente y que la escuelas están obligadas a dar a conocer.
“El Kuruwi incumple dicho acuerdo. El 30 de abril informé a la escuela que mis hijos no cursarían el siguiente ciclo escolar y solicité la devolución de las reinscripciones (poco más de 50 mil pesos). El acuerdo establece la obligación de las escuelas a devolver íntegra e inmediatamente ese concepto, siempre y cuando los padres avisen con al menos dos meses antes del inicio del siguiente curso (artículo 5º, fracción IV); no hubo respuesta y reiteré mi solicitud el 14 de mayo.
“El 4 de junio la escuela me avisó que la devolución no era procedente, pues el contrato de prestación de servicios educativos suscrito con ellos fija otros plazos y éstos ya no me otorgaban ese derecho. Fui a la Profeco y ahí el colegio Kuruwi, de manera expresa, desconoció la validez del acuerdo y me ofreció cubrirme 8 mil 992 pesos y tener con eso saldada su deuda de más de 50 mil. Es importante que los padres de familia conozcan el contenido del acuerdo y ejerzan sus derechos”, concluyó Pimentel.
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