Hasta ahora ha habido muchas opiniones respecto de las posibles candidaturas a la presidencia de la República respecto de una coalición de Morena y sus aliados y de la oposición conformada por el PAN, PRI y PRD, y posiblemente MC, a través de la coalición de Va por México, pero poco se ha dicho de los posibles escenarios derivados del resultado de las elecciones.
Cuando se hizo el procedimiento de Revocación de Mandato (que por cierto, erróneamente muchos lo denominaron como “consulta”, cuando la Constitución realmente lo caracteriza como un “procedimiento” con características sancionatorias por perdida de confianza de la ciudadanía al presidente de la República), muchos argüían que no debería hacerse, porque en el caso de que resultare mayoritario el voto por revocarle al presidente su mandato y se obtuvieran los votos necesarios para hacer el procedimiento vinculatorio, el presidente debía dejar el poder en virtud de habérsele revocado su mandato, y porque el presidente, hasta ahora, no ha aceptado ninguna derrota, no dejaría el poder, generándose una crisis constitucional.
Lo anterior, nos lleva a la reflexión de ¿qué pasaría si en las elecciones del 2024, con el INE que tenemos y renovados los consejeros que se van en abril del año 2023, sin que se haya aprobado la reforma electoral recientemente presentada por el presidente (que lo más seguro es que no será aprobada), ganare la coalición Va por México las elecciones a presidente de la República, por un margen muy pequeño?
Con los antecedentes que tenemos de la vida política del presidente, es muy probable que no aceparía el resultado electoral, que promoviere la iniciación de los recursos legales para revertir el resultado en favor de Morena y sus aliados o la anulación de las elecciones, y que provocare sendas movilizaciones populares y protestas a nivel nacional.
Pero, al darse el resultado definitivo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconociendo el triunfo a la oposición, después de múltiples análisis de los resultados electorales, ya sea mediante la apertura de paquetes y recuento de votos, de anulación de casillas y cambios en los resultados derivado de ello, el presidente se puede rehusar entregarle el poder a la oposición, y hasta podría ungir como “presidente legítimo” al candidato perdedor de Morena.
Esto ya lo hizo el candidato López en el 2006 sin tener ningún poder formal, bloqueando por meses el Paseo de la Reforma y realizando un escándalo fenomenal. Ahora que tiene el poder formal y real, antes de que termine su mandato el último día de septiembre de 2024, conociendo un resultado adverso a su partido, ¿quién le podrá impedir la realización de múltiples actos ilegales que puede cometer con tal de no entregarle el poder a la oposición?
El presidente va otra vez a repetir el que “no me salgan que la ley es la ley”, va a aducir que se ha violado la voluntad del “pueblo sabio”, va a alegar que él es el custodio de la República, y el único encargado de impartir justicia en el país, que él representa al pueblo y a la Nación.
Los poderes civiles poco podrán hacer ante una contumacia presidencial. Los únicos que podrían actuar son los representantes de las fuerzas públicas del país, cuyos mandos están a las órdenes del Ejecutivo Federal, es decir del mismo presidente López.
Si se llega a afectar el orden constitucional a ese nivel bien se podría crear un escenario de guerra civil, podrían algunas fuerzas estatales al mando de gobernadores de oposición actuar con violencia, con reacción de la Guardia Nacional y hasta del Ejército. Podría generarse una división dentro de las propias fuerzas federales, estatales y municipales. Podría haber hasta intervención extranjera.
Esperemos que esto no suceda, pero debemos de estar atentos al comportamiento del actual gobierno, que cada día, considero que actúa más en desapego al Estado de Derecho. Debemos de estar preparados para enfrentar situaciones extremas que bien se pueden dar con el presidente que tenemos en caso de una posible derrota de su régimen en las urnas.