Estira y afloja
Lo que sucede en la CFE no puede pasar desapercibido ante la supuesta violación de derechos laborales que afecta tanto al personal sindicalizado como al de confianza. De ahí las denuncias y quejas presentadas para que se destituyan e inhabiliten a funcionarios, y se investiguen presuntas irregularidades en la compra de insumos y contratación de servicios.
El lunes pasado se entregaron dos escritos a la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Responsabilidades de la empresa pública con folios 113435/2026 (temas laboral) y el 113437/2026 (adquisiciones); el miércoles se envió otro a la directora general de CFE, Emilia Calleja y al líder del Suterm, Víctor Fuentes, entre otros.
Las quejas son por autoritarismo y presunta venta de plazas en la Dirección de Administración, que encabeza Yesica Luna Espino, y de “instaurar y operar un régimen de hostigamiento laboral y persecución” por parte de Karina Esparza, encargada del despacho de la subdirección de Control Financiero, y de Yolanda Aguilar, gerenta de Contabilidad, así como de asesores y concejales de confianza.
Los trabajadores de esta gerencia respaldan “en su totalidad las acciones, denuncias y quejas presentadas previamente por la plantilla del personal sindicalizado ante las autoridades institucionales. Compartimos el mismo estado de vulnerabilidad y afectación dentro de la misma área, lo que demuestra que las conductas infractoras del cuerpo directivo constituyen una problemática generalizada que impacta de manera sistemática a todo el personal”.
En el primer expediente se pide revisar nombramientos, perfiles y remuneraciones de funcionarios de la Dirección de Administración con salarios supuestamente por encima de los de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el segundo apunta adjudicaciones directas y posible favoritismo a determinados proveedores en compras de artículos de consumo y servicios.
Los Trabajadores Unidos de la Gerencia de Contabilidad, como se hacen llamar, solicitan la destitución de los directivos señalados y la restitución de un “ambiente de legalidad, institucionalidad y respeto mutuo”. Por cierto, se quejan del retiro unilateral de bonos de productividad “sin un procedimiento administrativo previo”, de traslados y reubicaciones constantes de estaciones de trabajo, de hostigamiento en horarios, y amonestaciones infundadas como “herramienta de intimidación y coerción”.
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