Número cero/EXCELSIOR
Los cuestionamientos a la legitimidad del nuevo nombramiento en la Corte pretenden ser elegantes y refinados sin conseguirlo, incluso de trasladar el costo político de la falta de acuerdos de la oposición. Destacan que López Obrador pasará a la historia como el primer mandatario en colocar a “dedo” a un leal, cuando el Senado rechazó las ternas presidenciales por falta de acuerdos.
Esta última nominación ha sido la más polémica de las tres para la Corte en su sexenio. La crítica a la designación directa de Lenia Batres —como prevé la Constitución si el Senado devuelve dos veces las ternas—, se inscribe en una discusión política destinada a apoyar la controversia sobre la cooptación de la SCJN y del TEPJF para anular la división de Poderes y los equilibrios democráticos, dejando sin responsabilidad a los legisladores. Si todo esto es cierto, entonces habría que decir que opositores y magistrados parecen colaborar en esos objetivos.
“Se cayó, así es la política”, reveló Ricardo Monreal sobre un acuerdo con Movimiento Ciudadano y otros opositores para la mayoría calificada, que se requiere para la designación. La negociación consistía en votar al sucesor de Arturo Zaldívar en paquete con dos magistrados faltantes del TEPJF y de otros órganos autónomos, a sabiendas de que el Ejecutivo no tiene interés en cubrir. Resultado: el acuerdo se desbarató.
Por supuesto, la colonización de la Corte y del TEPJF puede poner en cuestión la legitimidad de la elección de 2024. Pero ello no sólo deberse a la exacerbación del presidencialismo a través de una designación que desde la reforma judicial de 1994 garantiza al Ejecutivo el control de nombramiento de magistrados, aunque los vote el Senado. Lo que permitió el consenso fue el modelo de “cuotas y cuates” para repartir cargos entre partidos como, por ejemplo, con el exministro Medina Mora que llegó a la Corte tras ocupar la PGR y ser uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto.
El bloque de contención en el Senado —con el que MC rompió agraviado por la caída de Samuel García— optó por tratar de endosar el costo político al Presidente como el primero en la historia que impone su voluntad para poner una pieza leal y subordinada políticamente; una decisión que borraría el pluralismo del Senado y evidenciaría la falta de colaboración y corresponsabilidad entre Poderes con que deslegitimar el proceso; la antesala de su propuesta de reforma de elegir por voto popular a los magistrados de la Corte en una elección de Estado. Pero el Senado podría haber escogido a Bertha Luján, a la que le reconocen un perfil más sólido, una visión política menos ideológica que Batres, y mayor conocimiento del papel de la Corte como tribunal constitucional, aunque también cercana a él. La decisión final a favor ella, sin embargo, no da para declarar una falta de legitimidad sin precedente y decir que inaugura una inédita colonización de la Corte, a la que ya ha llevado tres ministros que, en el ejercicio del cargo, han mostrado independencia e imparcialidad como González Alcántara, y no en otros casos, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
Sin duda instituciones autónomas como el Inai o el TEPJF son balanzas de poder, que en acciones cuestionables López Obrador quiere centralizar en el Estado pese al riesgo de inocular la confianza electoral o inhibir la transparencia y rendición de cuentas. Pero el mayor hándicap de éstas es que su actual diseño tampoco garantiza su independencia y mucho menos ejercer su responsabilidad fuera de la órbita del poder político. El TEPJF está inmerso en una crisis por el autogolpe de magistrados para destronar a su presidente, ¿pueden dar confianza y certeza en su responsabilidad de calificar la elección? Aún si hubiesen sido objeto de presiones, la subordinación o la sedición interna no es una conducta que legitime a la institución. Y qué decir del INE, donde autoridades y partidos revientan una sesión del Consejo por la disputa interna de decisiones para nombramientos.
Los primeros que debieron valorar la decisión clave para la Corte son los legisladores, que otra vez demostraron la desorientación de la oposición. El tema será fundamental para escenarios que vienen, como la discusión sobre la militarización o las decisiones para controlar el proceso electoral. Pero será en las urnas donde conozcan lo acertado o no de sus estrategias.