NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Para el gobierno mexicano, la decapitación del CJNG es un tanto del Ejército, mientras Trump canta victoria del Pentágono y su política de exterminar a los cárteles ahí donde estén. La operación, en palabras del general Trevilla, es una demostración de fuerza del Estado mexicano, pero también de la presión de arrastre de la nueva guerra de EU contra las drogas en América Latina. ¿Quién se lleva la cabeza de El Mencho? Las primeras reacciones del discurso político sobre su caída son para reclamar la autoría del mayor golpe contra el narco en la historia reciente del país. Trump y la Casa Blanca se ufanan de las consecuencias y del temor a su imperativo intervencionista; mientras Claudia Sheinbaum revindica un acto soberano, aunque reconoce colaboración del Pentágono con información para la operación. Un desorden declarativo detrás de la cooperación bilateral, sin reparo en la cuota de sangre que siguen pagando los mexicanos.
Pero sería un error explicarlo sólo como disputa de egos para alimentar sus agendas políticas. La disputa por el pódium trasluce el juego de fuerzas que mueven la agenda bilateral para imponer y defender prioridades y enfoques nacionales más allá de felicitaciones y reuniones diplomáticas. Y que reflejan que la nueva guerra contra las drogas adolece de un plan de cooperación bilateral e internacional contra estructuras y nuevos modelos de negocio de macrocriminalidad que trasciendan la vieja fórmula de descabezamiento de cárteles, que antes tampoco funcionó con los tradicionales. Las contradicciones declarativas exhiben la tentativa de apropiarse de los hechos. En la narrativa soberanista de Sheinbaum colgar la medalla al Ejército es prueba determinante de capacidades internas para combatirlos y alejar los barruntos de intervención de Trump y sus halcones de Washington; u ocultar que se adelantó con esta difícil decisión por el temor al peor escenario de que cumplieran sus amenazas.
Su estrategia de comunicación encierra varios mensajes. El primero, que asume el riesgo de subir al cuadrilátero a confrontar al cártel más poderoso y sanguinario del país con “hechos tangibles” que exige EU a la cooperación bilateral. Aunque es menos claro que entrara a la batalla con un plan para enfrentar a una organización que funciona y estructura de forma distinta a los cárteles tradicionales, como empresa del crimen y presencia territorial en casi todo el país; y capacidad de generar violencia, como demostró en la fuerza de su reacción al operativo militar. Un modelo para armar, para el que ninguno parece tener respuesta integral.
Segundo, que su decisión no es sólo la imagen palpable de la distancia con la inacción de los “abrazos, no balazos” de su predecesor, sino también respecto al gradualismo de su propia estrategia de seguridad. Aunque tampoco se vea un plan para prevenir y controlar una escalada de violencia, como se vio en varios estados tras la declaración de guerra al CJNG.
Por su parte, la prioridad de Trump es demostrar la absoluta disposición de su socio a cooperar en su cruzada antidroga. Ya no sólo en su adjudicación del operativo contra El Mencho, sino hasta en la interpelación de la vocera de la Casa Blanca a los cárteles sobre las consecuencias de tocar ni un pelo a un estadunidense en el caos de violencia y amenaza a la población civil con que trataron de frenar la operación en una réplica del culiacanazo. Pero, más allá de desplantes declarativos, esas imágenes viralizadas en el mundo sirven a Trump para seguir empujando en sus solícitos ofrecimientos de ayuda militar para controlar situaciones explosivas en México. Y, por supuesto, empujar la agenda bilateral hacia el terreno de sus políticas con puestas en escena de una reunión bilateral de seguridad al más alto nivel dos días después de la operación, otra vez como aliado dispuesto a actuar si localmente no se pueden controlar las reacciones.
Pero en este glosario de mensajes de fuerza y resistencia tampoco se ve el diseño de un plan de pacificación que evite el costo de sangre de un país que no logra deshacerse de la guerra. Ni tampoco planteamientos para atacar las complejas redes económicas y políticas interconectadas con las criminales en nuevos modelos de negocio, como el del CJNG. Eso está de pie. El mayor riesgo es que su ausencia reduzca las políticas anticártel a un espectáculo mediático o a reorganizar las líneas de administración del negocio de la droga, pero sin poner en el centro acabar con la violencia.
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