Integrantes de la Comisión Permanente exhortó a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que realice una reunión de trabajo con los servidores públicos competentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se explique el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín Guzmán Loera.
También los llamó para que en dicho encuentro se detalle el estado que guardan las solicitudes de extradición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, así como las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos que resulten de los decomisos que se han realizado o se realicen, de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre ambos países.
Al respecto, el senador perredista, Miguel Barbosa Huerta cuestionó la existencia de nuevos datos que se obtuvieron con la nueva aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, sobre la red de complicidades políticas y económicas que le permitieron construir un imperio criminal.
Dijo que el traslado a Ciudad Juárez es una decisión de Estado, y ésta no le corresponde sino al sistema penitenciario, y el Senado debe apoyar esa decisión, como integrantes de un órgano del Estado; porque “nadie quiere ver al ‘Chapo’ Guzmán nuevamente fuera”, comentó.
A su vez, Virgilio Caballero Pedraza, de la bancada morenista, dijo que el secretario de Gobernación debe dar una explicación del porqué se realizó el traslado de Joaquín Guzmán Loera, además de detallar cómo se fugó anteriormente de un penal de máxima seguridad.
“La extradición de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Federal de Adaptación Social número 9, en Ciudad Juárez, es un auténtico sabadazo, porque no se informa puntualmente si se trata sólo de un traslado o de una faramalla; ¿cuál es el objetivo, la intención detrás de ello?”, cuestionó.
En tanto, el panista Federico Döring Casar, declaró que el Congreso de la Unión debe tener la información sobre cómo ha avanzado el proceso de extradición, cómo está integrada la solicitud de Estados Unidos, y qué está negociando el gobierno de la República, en el contexto de la extradición.
“Lo que quisiéramos saber exactamente es cuál es el total de la masa financiera y el total de causas penales que quiere acreditar el gobierno estadounidense, y acumular en contra de Joaquín Guzmán, porque cuando tenga una sentencia firme, nos tendrá que retroalimentar o regresar parte del dinero manchado de sangre que no queremos que se quede el gobierno estadounidense”.
El diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que exigirán que los recursos decomisados sean repartidos de acuerdo a la legislación aplicable y los convenios en materia de delincuencia organizada y de extradición.
“El Poder Legislativo está decidido a exigir a que se cumpla con el Estado de derecho, esta obligación es inherente a nuestra representación legislativa”, dijo.
Finalmente, Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que a pesar de que es la tercera vez que el gobierno federal detiene a Joaquín Guzmán Loera, no se le ha quitado un solo peso de lo que ha ganado por el tráfico de drogas; por lo que para combatir a fondo el problema, se tienen que terminar con las redes financieras de lavado de dinero.
“Si no tenemos una política para desmantelar el enorme poder financiero y económico de los cárteles, no estamos haciendo nada efectivo. La tercera vez que lo detienen y no se le quita nada”, acotó.