Su destitución revela cómo la militancia puede imponerse sobre la responsabilidad institucional en la política educativa y expone los riesgos de convertirla en instrumento de convicciones personales
La polémica por los libros de texto y la destitución de Marx Arriaga revelan un problema más profundo que una controversia editorial: la confusión entre función pública e ideología. Su paso por la SEP muestra cómo la política educativa puede convertirse en militancia cuando el funcionario se percibe como representante de una causa histórica. A partir del concepto de “identidad patronímica”, este texto explora los riesgos de convertir la educación pública en instrumento político y no en espacio de formación
La biografía pública de Marx Arriaga Navarro no corresponde al perfil clásico de un funcionario educativo, sino al de un militante que encontró en la estructura del Estado el vehículo para convertir convicciones ideológicas en política pública. Su paso por la Secretaría de Educación Pública ha estado caracterizado por la intensidad doctrinal que imprimió a su gestión, y no por su profundidad pedagógica.
Nacido en Texcoco en 1981 y formado como filólogo, Arriaga construyó inicialmente una trayectoria académica limitada al ámbito universitario. Durante años fue profesor e investigador, lejos del diseño de políticas educativas nacionales. Nada en ese recorrido anticipaba que terminaría controlando el contenido de los libros de texto de educación básica en México.
Su llegada al aparato gubernamental ocurrió tras el triunfo político de Andrés Manuel López Obrador. Ese ascenso no fue producto de una carrera administrativa dentro del sistema educativo, sino de su previa cercanía con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del tabasqueño y figura influyente del sexenio. Diversas crónicas periodísticas señalan que ambos coincidieron en círculos universitarios y que Arriaga participó en procesos académicos relacionados con su trabajo doctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde ella obtuvo un supuesto doctorado en Teoría Literaria.
Con la llegada del nuevo gobierno federal en 2018, esa coincidencia intelectual adquirió relevancia pública, pues Arriaga comenzó a ocupar cargos dentro del sector cultural y posteriormente educativo del gobierno. La política educativa comenzó desde entonces a nutrirse de lealtades intelectuales más que de experiencia pedagógica. Analistas y medios interpretaron su incorporación primero a la Dirección General de Bibliotecas y luego a la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP como parte de una red de afinidades vinculadas al proyecto cultural del nuevo régimen. Desde ese momento, la actuación de Arriaga dejó de ser técnica y se volvió abiertamente ideológica.
El rediseño de los libros de texto gratuitos se convirtió en su principal plataforma de acción política y lo que debía ser un proceso pedagógico se transformó en un proyecto de reinterpretación cultural del país desde el aula. La discusión educativa quedó entonces subordinada a un discurso de confrontación contra el pasado reciente, al que el propio funcionario calificaba de “neoliberal”. Pero la polémica no surgió sólo por errores editoriales o metodológicos —que los hubo y fueron ampliamente documentados—, sino por la convicción explícita de que la educación debía servir como instrumento de transformación ideológica.
La destitución de Marx Arriaga, ayer viernes, no fue un relevo administrativo ordinario, sino el desenlace de una confrontación que llevaba meses gestándose dentro de la Secretaría de Educación Pública, en abierto desafío a su titular Mario Delgado. La decisión evidenció el desgaste interno provocado por el rediseño de los libros de texto y por la negativa del funcionario a introducir ajustes solicitados por la propia dependencia. Lo que debía resolverse como un desacuerdo técnico terminó entonces convertido en un conflicto político abierto, donde la permanencia de Marx Arriaga se volvió insostenible incluso dentro del mismo proyecto gubernamental que lo había impulsado.
La reacción del exdirector de Materiales Educativos agravó la crisis. En lugar de asumir el relevo institucional como ocurriría en cualquier dependencia del Estado, él optó por resistirse públicamente a abandonar su oficina, grabar mensajes de confrontación y presentar su salida como una persecución ideológica. Esa escena —más cercana al activismo que al servicio público—, convirtió un cambio administrativo en un episodio de dramatización política. El funcionario dejó de hablar como responsable de política educativa y comenzó a expresarse como líder de una causa, desdibujando por completo la frontera entre convicción personal y responsabilidad institucional.
El tono de sus declaraciones ha confirmado esa deriva. Arriaga ha insistido en desconocer la legitimidad de su destitución, ha convocado a movilizaciones y ha presentado el conflicto como una lucha por el futuro de la educación mexicana. Con ello, terminó reforzando la percepción de que su gestión nunca fue estrictamente pedagógica, sino ideológica, como ya lo estamos viendo. El episodio deja ya una imagen difícil de ignorar: un exfuncionario atrincherado simbólicamente en la SEP, defendiendo un proyecto político como si la institución fuera propiedad de su causa personal y no un organismo del Estado. Esa reacción, más que su destitución, ha terminado por definir públicamente su paso por la política educativa.
El personaje que se impuso al funcionario
Con su comportamiento, este hombre parece construir por sí mismo lo que podría llamarse una “identidad patronímica”, término que he creado yo mismo, y utilizo ante la ausencia de una definición más precisa para describir un rasgo de personalidad que se manifestaría en la apropiación simbólica del nombre como forma de afirmación individual. Sin pretender un diagnóstico psicológico formal con especialistas, la conducta observada sugiere un conflicto evidente en la construcción de su identidad.
El nombre “Marx” no es una coincidencia irrelevante en la vida pública de un funcionario que asumió la educación como campo de lucha política. La carga simbólica de ese nombre parece haber operado desde su infancia como una narrativa personal de legitimación ideológica. En lugar de desempeñarse como administrador educativo, Arriaga actuó como militante cultural.
Y su lenguaje público confirmó esa orientación. No ha hablado como pedagogo ni como funcionario responsable de contenidos escolares, sino como combatiente de una supuesta batalla histórica por la conciencia social. Su declaración con tintes megalomaníacos de que defenderá los libros de texto “con la vida” no es una hipérbole inocente. Fue la expresión de una identificación absoluta entre persona, ideología y política educativa. Y ese tipo de identificación es absolutamente incompatible con la responsabilidad institucional que exige la educación pública, ya que la escuela no puede convertirse en laboratorio doctrinal, ni en tribuna ideológica del funcionario en turno.
Sin embargo, durante su gestión, esa frontera se volvió borrosa, porque la educación básica fue tratada como escenario de disputa cultural, y los libros de texto dejaron de ser instrumentos pedagógicos para convertirse en vehículos de narrativa política. Asimismo, las críticas provenientes de especialistas, padres de familia y gobiernos estatales fueron desestimadas como ataques ideológicos, no como observaciones legítimas sobre la calidad educativa, comportamiento que revelaba una lógica de militancia, no de servicio público.
La destitución de Arriaga la tarde de este viernes, mostró entonces hasta qué punto la situación se había vuelto insostenible dentro de la propia SEP. El conflicto ya no era pedagógico ni administrativo; era político. Sin embargo, lo más revelador ocurrió horas después. Los episodios en los que el exfuncionario se atrincheró simbólicamente en la dependencia, confrontaron al personal institucional y llamó a movilizaciones para “refundar” la Secretaría de Educación Pública, constituyen acciones que comprueban que ya no hay función administrativa, sino activismo ideológico.
La escena fue más que elocuente; los noticieros y las redes sociales mostraron a un funcionario desplazado que se comporta como dirigente de causa política y no como servidor público sujeto a normas administrativas. Ese momento permitió ver con claridad lo que antes aparecía sólo como discurso: que la SEP había sido concebida como trinchera ideológica.
Desde una lectura periodística, este comportamiento puede describirse como “desubicado” y “enloquecido” en términos políticos, en el sentido de haber perdido la proporción entre responsabilidad institucional y convicción personal. Y no, no se trata de un juicio clínico, sino de una descripción del desbordamiento ideológico frente a la realidad administrativa.
Por ello, mi definición de “identidad patronímica”, en este caso, ayuda a entender la coherencia interna de ese comportamiento. Cuando alguien se percibe como representante de una tradición histórica, la salida de una institución puede vivirse como derrota de una causa, no como relevo burocrático.
“Marx”, el nombre que posiblemente modificó su vida
Nombrar a un hijo siempre ha sido un acto cargado de significado cultural, familiar y emocional. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, la influencia de la cultura popular transformó ese acto íntimo en un reflejo directo de la época. Las celebridades —del cine, la música, la política o el deporte—, comenzaron a convertirse en padrinos simbólicos de generaciones enteras.
En México, este fenómeno se volvió visible a partir de la década de 1940, cuando el cine nacional alcanzó su época de oro. Nombres como Pedro, Jorge, María Félix y hasta “Cantinflas” no sólo evocaban figuras públicas, sino aspiraciones sociales, y el registro civil empezó a reflejar la admiración colectiva por actores y cantantes cuya presencia dominaba la radio y la pantalla grande.
La televisión consolidó esta tendencia. Durante las décadas de 1970 y 1980 aparecieron con mayor frecuencia nombres inspirados en artistas internacionales. “Elvis”, por ejemplo, comenzó a registrarse en varios estados del país,
especialmente en el norte. Lo mismo ocurrió con nombres como “John”, “Michael” o “Jennifer”, impulsados por la música pop y el cine estadounidense. El fenómeno se intensificó con la globalización cultural de los años noventa y el arribo del siglo XXI.
De un principio debo mencionar que nuestro país conserva una tradición peculiar en materia de registro de nombres propios. Durante buena parte del siglo XX, la legislación civil permitió una amplia libertad para inscribir nombres, con escasos filtros administrativos. Ese margen de decisión derivó en la aparición de nombres inusuales o extravagantes que hoy forman parte de la memoria burocrática del país y constituyen un reflejo indirecto de la cultura popular de cada época.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en Sonora —pero también hay muchos estados más—, donde, en 2014, el Registro Civil publicó una lista de nombres que luego decidió prohibir por considerarlos potencialmente perjudiciales para los menores. La medida respondió a registros reales realizados años atrás. Entre ellos figuraban “Batman”,
“Terminator”, “Facebook”, “Rambo”, “Escroto”, “Hitler”, “Robocop”, “Lady Di” y “James Bond”, lo que evidenció la amplitud de criterios que durante décadas prevaleció en distintas oficinas de registro.
Los antecedentes del fenómeno se remontan a mediados del siglo XX, cuando en comunidades rurales y urbanas comenzó a observarse una forma de creatividad lingüística en el acto de nombrar a los hijos. Algunos padres adoptaban nombres inspirados en marcas comerciales, personajes cinematográficos, acontecimientos internacionales o líderes políticos. La prensa de la época documentó casos como “Usnavy” —una adaptación fonética de U.S. Navy, observada en embarcaciones militares—, y “Masiosare”, resultado de la interpretación literal de una frase del Himno Nacional Mexicano.
Estos ejemplos reflejan contextos históricos específicos. Desde principios de siglo, luego durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Guerra Fría, la presencia constante de referencias internacionales en los medios influyó incluso en el registro de nombres propios. Surgieron entonces apelativos como “Stalin”, “Lenin”, “Roosevelt” y el mismo “Marx”. La falta de regulaciones claras permitió durante décadas la inscripción de deformaciones fonéticas del inglés, combinaciones inventadas y nombres compuestos poco convencionales.
Fue hasta el siglo XXI cuando varios estados comenzaron a establecer restricciones para evitar que los menores fueran expuestos a burlas o discriminación. Aun así, los archivos del registro civil conservan ese catálogo involuntario de creatividad popular. Para historiadores sociales, estos nombres funcionan como documentos culturales que revelan momentos históricos específicos de la sociedad mexicana, influencias internacionales y aspiraciones, como tal vez el es el caso del personaje que hoy nos ocupa.
Ahí es donde mi denominada “identidad patronímica” ayuda a interpretar el fenómeno político.
El nombre “Marx” no es neutro, porque representa una tradición revolucionaria, un discurso de confrontación histórica y una crítica estructural al orden social. En la trayectoria pública de Marx Arriaga, la carga simbólica de su nombre pareció transformarse en una forma de autojustificación política que resurgió visceralmente este viernes.
Considero que el nombre propio puede convertirse en destino simbólico, y a este fenómeno lo he llamado, desde una óptica periodística, “identidad patronímica”. Es cuando una persona construye su identidad pública alrededor del significado histórico o ideológico de su nombre. No se trata de determinismo ni de psicología clínica, sino de un proceso cultural, en el que el nombre funciona como una narrativa anticipada de quién se supone que uno debe ser.
En la vida política, esa narrativa puede transformarse en misión. La función pública deja de percibirse como responsabilidad institucional y se vive como continuidad de una tradición simbólica. Cuando eso ocurre, el individuo no sólo actúa desde sus ideas, sino desde el personaje que su nombre representa. El nombre deja entonces de ser una palabra y se convierte en biografía.
Si alguien se llama “Marx”, la expectativa simbólica que lo rodea suele asociarse con revolución social, crítica al capitalismo, militancia ideológica o pensamiento político radical. No es necesario que la persona invariablemente adopte esas ideas, pero el entorno cultural reconoce inmediatamente el referente. El nombre introduce una narrativa de lucha y transformación social.
Ahora imaginemos otros nombres.
Si una persona se llamara “Pelé”, el peso simbólico del nombre sería distinto. El referente no sería la ideología, sino la excelencia deportiva. La identidad patronímica tendería a girar alrededor del talento, la disciplina y la admiración pública. La expectativa social sería el desempeño extraordinario, no la confrontación política. El caso de “Maradona” evocaría genialidad, rebeldía, adicciones y excesos. La identidad patronímica sería intensa y contradictoria, asociada a talento indomable y personalidad volcánica.
Si el nombre fuera “Neil Armstrong”, la narrativa simbólica se desplazaría hacia la exploración científica y el logro técnico. La expectativa cultural sería la serenidad, la precisión y la conquista de lo desconocido. El nombre “Elvis” remitiría al espectáculo, la cultura popular y la transformación artística. “John Lennon”, en cambio, evocaría creatividad, contracultura y pacifismo.
Este contraste permite entender mejor el fenómeno, pues la identidad patronímica no determina la vida de una persona, pero sí configura el imaginario que la rodea.
En el caso de Marx Arriaga, su nombre no remite al deporte, la música ni la ciencia, sino a una tradición ideológica que históricamente se ha presentado como proyecto de transformación social. Cuando su actuación pública adopta un tono militante, la coincidencia entre nombre y conducta adquiere fuerza simbólica y la identidad patronímica se vuelve visible.
Dicho de otra manera: un “Pelé” puede fracasar en el fútbol; un “Armstrong” puede no ser científico; un “John Lennon” puede no ser artista. Pero cuando alguien llamado “Marx” actúa como militante ideológico, el símbolo parece cumplirse.
Ese marco permite entender con mayor claridad el caso de Marx Arriaga dentro de la política educativa mexicana reciente.
No hay que subestimar este proceso. Más allá de la megalomanía, que él ya ha mostrado como identidad enfermiza, y la prepotencia que suelen aparecer en quienes se asumen portadores de una verdad histórica —paradójicamente similares a las élites que él mismo condena—, el fenómeno resulta socialmente delicado.
Cuando un funcionario llega a convencerse de que representa una causa antes que cumplir una responsabilidad institucional, el Estado deja de ser una estructura al servicio de la sociedad y se convierte en instrumento de convicciones personales. Hay que dejar bien claro que la educación pública no puede depender del fervor ideológico de quienes diseñan los contenidos escolares, ni de la voluntad individual de un funcionario posiblemente obnubilado, que confunde militancia con política educativa.
Esa es la lección más dura del paso de Marx Arriaga por la SEP. Aunque él intente reducir el conflicto a una controversia editorial, en su actuación pública persisten los rasgos de una gestión marcada por la radicalización discursiva, la confrontación política y la incapacidad de reconocer los límites institucionales del poder que ejercía.
Y en educación, ese desplazamiento nunca es menor. Sus efectos —responsabilidad directa de él mismo y de quienes lo sostuvieron desde el poder, comenzando por Andrés Manuel López Obrador—, no se miden en meses ni en años, sino en generaciones. El costo de haber subordinado la pedagogía a la militancia ideológica terminará por aparecer inevitablemente en las aulas, cuando se comprenda que la educación pública, desgraciadamente fue utilizada por este personaje indigno, que diseñó los libros de textos como instrumentos políticos y no como espacios de formación. Y entonces ya será demasiado tarde para corregir el daño.
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